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Reflexiones |
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No es la primera vez que desde esta columna expresamos nuestra preocupación por el progresivo y creciente deterioro institucional.
Más aún, en una anterior edición, expusimos que los acontecimientos indicaban algo todavía más grave: un cambio de régimen con un deslizamiento hacia un sistema autocrático evidenciado por el abandono de las formas y métodos de gobierno democrático.
Lo acontecido en la primera mitad de este año desafortunadamente confirma esas percepciones.
Se trata de hechos de gravedad institucional que muestran el abandono de toda apariencia de respeto por la independencia del poder judicial y un claro mensaje de que no existen límites institucionales cuando se trata de proteger el círculo próximo a la Presidente u objetivos políticos considerados estratégicos.
En relación a la primera cuestión, la renuncia forzada del anterior Procurador General de la Nación como consecuencia de los ataques recibidos por el Vicepresidente de la Nación en una presentación pública en el Congreso en respuesta a la investigación que se le sigue por acusaciones de tráfico de influencias y lavado de dinero en el caso Ciccone, demuestra con total crudeza la clara decisión de someter al poder judicial sin disimulo. El mensaje adquiere mayor claridad si se repara que el candidato que propuso el gobierno para reemplazarlo no sólo adolecía manifiestamente de los antecedentes profesionales para el cargo, sino que, a estar por sus dichos, carecía de la más mínima independencia de criterio al expresar su abierta subordinación al poder político. Afortunadamente, gracias a la oposición de numerosas ONGs y de la resistencia de un grupo de senadores que se negaron a dar su voto para la designación del candidato propuesto por el Poder Ejecutivo, este último renunció a su candidatura.
El resto del contexto no por conocido deja de ser grave. El fiscal en la causa criminal en la que se conduce la referida investigación ha sido desplazado, al igual que el juez a cargo de la misma, luego de una cadena de reprochables comunicaciones con el letrado de uno de los investigados.
El otro episodio que reviste gravedad institucional es la expropiación del 51% de las acciones de YPF S.A. de propiedad de Repsol que fue celebrada por un amplio sector político de manera similar a la declaración del default en diciembre del 2001. |
