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EL ACCESO A LA JUSTICIA: DE LOS DEBATES A LA ACCIÓN
Autor: Natalia Gherardi |
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interesados, incluyendo distintos organismos del Estado y representantes de la sociedad civil parece imprescindible.13 Esta instancia previa es particularmente importante en democracias recientes como la Argentina que no tiene una tradición de facilitar el acceso público a la información o a los planes del gobierno.
El acceso a la justicia es un requisito indispensable para que los derechos puedan ser finalmente operativos para toda la población. Pero este derecho al acceso no se limita a la necesidad de asegurar que todos los ciudadanos puedan llevar sus demandas ante los tribunales, sino que aun antes de llegar a esa instancia, todos los ciudadanos deben haber contado con información sobre la existencia de sus derechos y con los medios para poder ejercer y hacer reconocer esos derechos ante el sistema judicial, de ser necesario.
La complejidad del problema y la necesidad de acomodar cualquier diseño institucional a las necesidades concretas de distintos grupos identificables, lleva a requerir una articulación integral y transparente entre el Estado y todos los actores privados (institucionales y de la sociedad civil) pero que mantenga la centralización de la información sobre recursos disponibles. Para llegar a esa instancia, es indispensable que todos los actores involucrados redefinan sus programas y actividades a partir del aporte que puedan hacer efectivamente para mejorar el acceso a la justicia de la comunidad que se proponen servir.
La divulgación de los resultados alcanzados por las investigaciones en curso y su profundización, por una parte, y la coordinación en el diseño, alcance, implementación y monitoreo de los distintos programas existentes a cargo de actores públicos, privados e institucionales, por otra parte, brinda un punto de partida para pasar de los debates a la acción.
13. En Inglaterra, por ejemplo, se sigue un amplio proceso de consultas en forma previa a la sanción de cualquier norma de relevancia pública. Durante ese proceso el gobierno emite informes que son sometidos a discusión y a la opinión de la sociedad civil y de las restantes oficinas del Estado, por periodos de varias semanas. Otro ejemplo interesante es el proceso de consultas efectuadas por el Senado del Parlamento Australiano, en el que participaron prestadores públicos y privados del servicio de asistencia jurídica gratuita. |
