06/07/2007 - Declaración Pública

Un nuevo ataque a la seguridad jurídica. Acerca de la ilegal y arbitraria utilización de la suspendida Ley de Abastecimiento.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires manifiesta su profunda preocupación por la utilización por parte del gobierno nacional de las facultades que surgen de la suspendida Ley de Abastecimiento, un instrumento legal que, además de carecer de vigencia, fomenta la arbitrariedad en el manejo de la cosa pública y potencia el clima de inseguridad jurídica.

La vigencia de la tristemente célebre Ley 20.680 fue suspendida mediante el Decreto 2284/91, de necesidad y urgencia, ratificado por la Ley 24.307. Este dispuso que el ejercicio de las facultades otorgadas por dicha ley solamente podría ser restablecido “previa declaración de emergencia de abastecimiento por el Honorable Congreso de la Nación”. Asimismo, en reiteradas oportunidades la Procuración del Tesoro de la Nación, dictaminó que la emergencia pública declarada por la ley 25.561 “no suple el requisito previsto en el Decreto Nº 2284/91”, que “exige una declaración concreta en ese sentido” del Congreso Nacional. Por lo tanto, no basta una declaración genérica de emergencia para restablecer la vigencia de un instrumento concebido para el caso específico y grave de la emergencia de abastecimiento.

Por otra parte cabe señalar que, en ningún caso, el Poder Ejecutivo puede dictar decretos de necesidad y urgencia en materia penal (Constitución Nacional, art. 99, inciso 3º); por lo que, a todo evento, el restablecimiento de la vigencia de las facultades suspendidas de la Ley de Abastecimiento no podría alcanzar a los aspectos penales –en sentido amplio- de dicha norma.

Este Colegio insiste en afirmar que, estas medidas además de haber probado largamente su fracaso en la historia económica argentina, sirven a un propósito subalterno: aumentar el grado de discrecionalidad –e inevitable arbitrariedad- de los funcionarios de turno, lesionando gravemente la seguridad jurídica. Los desabastecimientos se originan, por lo general, en políticas económicas desacertadas, que no se asientan en fundamentos sostenibles en el tiempo. Este errado enfoque ya ha sido superado en el mundo desarrollado.

Si algo reclama con urgencia nuestro país es volver al cauce de la Constitución, con reglas claras y permanentes, que pongan a los ciudadanos al abrigo de persecuciones inspiradas en oscuros motivos. No habrá inversiones genuinas sin esa garantía fundamental www.topmenshoes.com.