09/04/2013 - Declaracion Pública

HACIA UNA JUSTICIA ARBITRARIA Y PARCIAL

Prácticamente a cuarenta días de anunciarlo en la apertura de las sesiones del Congreso, la presidente oficializó los proyectos de leyes que apuntan a reformar el Poder Judicial.
La iniciativa la origina el mismo gobierno que, precisamente, modificó el Consejo de la Magistratura nacional –cuya inconstitucionalidad es aún demandada en tres causas impulsadas por la abogacía colegiada-. Que también designó, nada menos, que a 400 jueces de los 730 en funciones. Que propuso a la mayoría de los miembros de la Corte Suprema. Que, también, mantiene vacantes en 183 tribunales nacionales y federales. Y que hace pocos meses propició la ley del per saltum que se ubica en las antípodas del sistema de casación que, entre otras iniciativas, propone ahora.
El Gobierno Nacional ha percibido que, a pesar de lo hecho desde el año 2003, existe un número significativo de jueces convencidos de su rol como último bastión de nuestra democracia, representativa y republicana. En tal convicción, distintos magistrados han debido resolver judicialmente situaciones sobre la vida, la libertad, el honor, los derechos, la propiedad, las garantías, la seguridad y la dignidad de las personas. A ese respecto han debido verificar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas o determinar si el proceder del gobierno se ajusta o no a derecho. Como es notorio, diversas resoluciones judiciales no resultaron afines a los intereses oficiales.
Ante esta nueva iniciativa en materia de la Justicia, queda en claro que el objetivo del conjunto de las propuestas legales no se inspiran en la preocupación de cómo mejorar la calidad de vida institucional de los justiciables en particular y del pueblo en general; ni tampoco en cómo otorgar mayor eficiencia al funcionamiento de los tribunales nacionales y federales.
El nudo central de la reforma propuesta, responde a otra motivación: Su propósito se orienta a obtener el alineamiento de los jueces a la causa oficial, con el claro designio de que se desempeñen con la afinidad esperada en las causas sensibles al interés oficial.
Los magistrados que lo hagan, serán catalogados como leales. Aquellos que pretendan ejercer su magisterio con independencia, dignidad y honorabilidad, recibirán el trato y sanciones de quienes no califiquen como tales.
Integra esta arquitectura reformista el relanzamiento de la modificación del Código Civil y Comercial, ahora extendido al conjunto de la codificación nacional y a la totalidad de la legislación a través del Digesto Jurídico. De los proyectos con estado actual parlamentario, se advierte que los mismos procuran consolidar un ordenamiento jurídico que diluya la responsabilidad del Estado y los funcionarios públicos, al tiempo de acrecentar el desamparo del ejercicio de los derechos individuales, en particular en lo relativo al derecho de propiedad.
Es indispensable que los partidos políticos de la oposición, en especial los que cuentan con representación parlamentaria, actúen con sentido patriótico y rechacen de plano las iniciativas legales impulsadas por el oficialismo, advirtiendo que, bajo el manto de medias verdades y formulaciones sesgadas, sólo apuntan a demoler el control judicial de la administración por ser la última valla capaz de poner límites al modo autoritario con que el partido gobernante concibe el ejercicio del poder público.

El Directorio