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17/04/2012 - Declaracion PúblicaYPF: censurable política oficial El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires advierte acerca de la grave afectación al marco jurídico e institucional que implicaría la aprobación del proyecto de ley propuesto por el Poder Ejecutivo para la expropiación de YPF.
La medida constituye un nuevo ejemplo de la cada vez más recurrente utilización de acciones oficiales con las que, mediante artilugios y falsas disyuntivas, se pretende justificar el relato gubernamental de ocasión, pero que en definitiva implican la indisimulable afectación de garantías y derechos constitucionales de los particulares.
En el caso, así lo evidencian la intervención intempestiva y carente de toda justificación, dispuesta mediante DNU para intentar disimular la clara ausencia de atribuciones del Poder Ejecutivo para adoptar una medida de tal alcance, como el proyecto de ley expropiatoria que en simultáneo se envía al Congreso, cuyo texto apela a la figura de la ocupación temporánea anormal (indiscutiblemente ajena a las circunstancias) con vistas a justificar la toma de posesión de las acciones sin cumplir con la exigencia constitucional del pago previo de la pertinente indemnización.
La critica situación de la producción y reservas nacionales de hidrocarburos, fruto de las erróneas políticas públicas aplicadas en la materia, se conjuga, así, con la apetencia de la apropiación de nuevas cajas para apuntalar el crecimiento de un insostenible gasto público.
De aprobarse el proyecto de ley, además de los reclamos judiciales a que dicha medida pueda dar lugar, se intensificará el asilamiento del país de la comunidad internacional, produciendo una profunda lesión al Estado de Derecho, cuyas consecuencias, lamentablemente, están llamadas a provocar una profundización de la crisis moral, económica e institucional que vive nuestro país.
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra en la obligación de alertar a los señores legisladores acerca de la gravedad de lo que está en juego, nada menos que la seguridad jurídica y la observancia de la Constitución Nacional, instándolos a no aprobar el proyecto de ley en cuestión, evitando así un grave daño a las instituciones republicanas, y al patrimonio nacional.
El Directorio
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