10/04/2012 - Declaracion Pública

EL CASO CICCONE O LA PRETENDIDA VULNERABILIDAD DE LAS INSTITUCIONES

En la República Argentina como en cualquier país del mundo, las denuncias que involucran al propio Vicepresidente de la Nación en razón de la supuesta comisión de delitos vinculados con la empresa a la cual se adjudica la impresión de su papel moneda, es un episodio
-cuanto menos- preocupante, cuya gravedad para la vida de la Nación resulta insoslayable.

En ese contexto, las denuncias públicas realizadas recientemente por el Lic. Amado Boudou desde el Congreso Nacional, deben señalarse como un acto censurable toda vez que, además de resultar impropias a su calidad de Vicepresidente de la Nación y, como tal, de titular provisional del Senado, conllevan una severa afección al cuadro institucional de nuestro país que el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires repudia plenamente.

Formular gravísimas acusaciones a diversos magistrados de la Nación a raíz de una investigación judicial en curso no sólo constituye una inaceptable violación de los principios de división de los poderes y de la independencia del Poder Judicial y, en particular, de los magistrados judiciales que intervienen en la causa, sino que, además, debe considerarse como un claro desvío a la más elemental práctica de transparencia y control de los actos de gobierno que es imperativo observar en una República.

Ciertamente es menester que el Vicepresidente formule las explicaciones que correspondan para alejar toda suspicacia respecto de esos hechos. No obstante no es el espacio mediático el ámbito para hacerlo. Corresponde al funcionario público realizar ante el juez natural de la causa todos aquellos aportes que estén en su conocimiento para, así, contribuir al avance de la investigación judicial de modo tal que, con transparencia y bajo el amparo del debido proceso, coadyuve a establecer la verdad jurídica de los hechos.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, tal como lamentablemente ha debido señalarlo en anteriores oportunidades, manifiesta que, asimismo, en el caso en cuestión se observa una injustificada utilización del recurso de la denuncia de los magistrados ante el Consejo de la Magistratura. Ello, una vez más, pone en evidencia la pretensión de utilizar a ese órgano constitucional como un inadmisible medio de presión para los jueces intervinientes en casos sensibles al poder político y, también, por la intención aleccionadora, que estas presiones conllevan para el resto de magistrados y funcionarios del Poder Judicial.


El Directorio