01/10/2010 - Declaración Pública

ACERCA DEL PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, a través de un comunicado conjunto, señalaron su preocupación y rechazo al embate del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial ante el anuncio que el año próximo le recortará en un 40º/o los fondos presupuestarios para el desenvolvimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; en el que, a su vez, le quitará autonomía para el uso de sus propios recursos al establecer la ampliación de las limitaciones de disponibilidad en el uso de esos fondos ya que deberá contar con la previa autorización de la Jefatura de Gabinete en un número creciente de partidas presupuestarias.

En el proyecto de presupuesto que el Poder Ejecutivo envió hace dos semanas al Congreso, introdujo recortes por 778 millones de pesos, con lo cual impide la proyección y realización de las políticas de Estado fijadas por el Poder Judicial, establecidas por la Corte en una acordada en la que le comunicó sus necesidades presupuestarias para el próximo ejercicio.

La cuestión es esencial, y de manera directa se vincula a la independencia del Poder Judicial. Refiere a uno de los principios rectores sobre los que constitucionalmente reposa la división de poderes que sustenta el sistema republicano de la Nación Argentina. En términos financieros la independencia del Poder Judicial, se torna efectiva, sólo cuando éste poder del Estado puede disponer plenamente de recursos presupuestarios suficientes para el integral ejercicio de esa función de gobierno.



La autarquía financiera, es la expresión primaria de la independencia de la justicia nacional. Conforma el nudo central para su normal funcionamiento y, además, de los recursos de que disponga, se desprende la posibilidad de otras tantas reformas a introducir en el sistema que claramente requieren de la dotación de recursos suficientes y disponibles para el normal funcionamiento de su magisterio.



En ese sentido, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires exhortan al Poder Legislativo para que en el tratamiento de la ley del presupuesto nacional 2011, adecuen la partida del Poder judicial de la Nación a las pautas requeridas por la Corte Suprema de Justicia, para así preservar la división de poderes y la independencia de la Justicia.