29/06/2010 - Declaración Pública

LA REPÚBLICA Y LOS SUPERPODERES

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ha cuestionado reiteradamente el empleo de los denominados superpoderes del jefe de Gabinete.

Hemos señalado que esa facultad es inconstitucional por constituir un serio desvío del sistema de gobierno republicano y una clara violación al principio de la división de poderes.

La escalada experimentada en el gasto público y la discrecionalidad con que el mismo se ha venido ejecutando, eximen de mayores comentarios.

Al negativo antecedente de la recurrente reestructuración de partidas contenidas en el Presupuesto Nacional, la situación se agravo con la reforma introducida en el año 2006 al art.37 de la ley de Administración Financiera que otorgó carácter permanente a la facultad de reasignar partidas presupuestarias al jefe de Gabinete.

Esta reprochable disposición, pretende ser ahora revertida mediante una iniciativa de reforma legal impulsada desde la Cámara de Diputados de la Nación, que obtuvo media sanción de dicha Cámara. Sin embargo, desde el oficialismo se ha expresado que, de convertir el Senado en ley esta reforma, el Poder Ejecutivo la vetaría por considerar que por esta vía se pretende afectar la gobernabilidad del país.

Estas amenazas evidencian que a la situación que ahora se procura remedar se ha llegado sólo por el arbitrario dominio de la otrora mayoría oficialista en el Congreso de la Nación. El resultado electoral de junio de 2009, abrigó en la sociedad la expectativa de un avance en la calidad institucional de nuestro país, cuyo inicio parece percibirse en esta y otras tantas iniciativas legales que aguardan su sanción. Las intimidaciones proferidas desde el oficialismo ponen, una vez más, en evidencia la vocación del gobierno nacional por concentrar poder y evitar la transparencia y controles en los actos de gobierno, así como también en evadir la impostergable rendición de sus actos de cara a la sociedad.

Al Senado le cabe la responsabilidad de convalidar legislativamente esa aspiración, y, principalmente, de no defraudar la confianza que la ciudadanía ha depositado en sus legisladores al votarlos