05/02/2010 - Declaración Pública

OYARBIDE DEBE SER INVESTIGADO

Ha trascendido que, frente a una denuncia presentada por un ciudadano al Consejo de la Magistratura a los efectos que este organismo investigue al Juez Federal Oyarbide por su sobreseimiento en la causa de enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner, uno de los integrantes del Consejo –la diputada Diana Conti- presentó en el plenario un proyecto de resolución desestimatoria basado en que la denuncia solo refleja disconformidad con el criterio del Juez al sentenciar, ya que éste habría cumplido con todos los pasos procesales para pronunciarse como lo hizo.

Ciertamente existe un principio esencial consistente en que los jueces no pueden ser acusados por mal desempeño en razón de la opinión vertida en sus fallos pues de otra forma se atacaría la independencia del Poder Judicial.

Pero el caso de Oyarbide no se encuadra en esta categoría. Las sospechas no surgen de su opinión jurídica vertida en el pronunciamiento sino en el presunto incumplimiento de un deber propio de los magistrados que, además de la misión jurisdiccional de dictar sentencia, tienen a su cargo –en nuestro sistema penal- la actividad de investigación a los efectos de determinar la presunta autoría de un delito para abrir la posibilidad de un proceso judicial que se cumple ante otro Tribunal colegiado en juicio público y oral.

Sin duda la conducta de Oyarbide en el caso del enriquecimiento del matrimonio Kirchner pecó de ligereza y merece ser investigado en profundidad porque, frente a determinadas conductas denunciadas como causa de su enriquecimiento ilícito, sobreseer en forma definitiva basándose exclusivamente en una pericia realizada por contadores sobre las declaraciones juradas de los imputados sin indagar sobre las circunstancias de cada operación que produjo un insólito aumento de su patrimonio es, a todas luces insuficiente. Demás está decir que la misma investigación merece, por parte de la Procuración General de la Nación, un reproche a la actitud del Fiscal que, incumpliendo sus deberes, se abstuvo de pedir mayores medidas de investigación y decidió no apelar el sobreseimiento abriendo así el camino a la irrevisibilidad de la conducta del matrimonio gobernante por el principio de la Cosa Juzgada.

La ciudadanía espera del Consejo de la Magistratura que preserve la independencia del Poder Judicial mediante acciones que tiendan a restituir la confianza en el mismo. El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires exhorta a ese organismo para que escuche y siga el criterio de uno de sus miembros, el senador Ernesto Sanz, que propicia continuar con la investigación del magistrado en cuestión.