CONFERENCIA. CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACIÓN
El 28 de octubre, organizado por el Diario La Nación y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires se desarrolló el Seminario “Consejo de la Magistratura, presente y futuro”. Participaron como oradores la diputada Patricia Bullrich, el Senador Ernesto Ricardo Sanz y los doctores Horacio M. Lynch y Luis E. Pereira Duarte.
Palabras de presentación Dr. Enrique del Carril
Hoy nos reunimos para discutir un tema importante para nosotros, el Consejo de la Magistratura.
El Colegio de Abogados ve con preocupación lo que está ocurriendo con las instituciones de nuestro país. Creemos que este tema del Consejo de la Magistratura es parte del problema político que vivimos, en el cual el Gobierno despliega un exceso de autoritarismo y de centralismo, que pensamos está sostenido en varios pilares: en la ley de superpoderes, en la falta de una ley de coparticipación federal, en una deficiente norma de control de los decretos de necesidad y urgencia, y en el Consejo de la Magistratura tal como fue reformado en la Ley 26080.
Nosotros pensamos que, con vistas a las próximas elecciones legislativas, estos cuatro puntos fundamentales son parte de nuestra agenda. Porque entendemos que deben atenderse y debatirse, para evitar lo que está ocurriendo en el país, que temas tan importantes surgen, y las reformas se plantean con tanta velocidad, que forzosamente nos impone pronunciarnos y debatir sobre ello. Es lo que está pasando con las AFJP y lo que pasó en su momento con el Consejo de la Magistratura. Les recuerdo que el proyecto de la Ley fue anunciado en diciembre, y en enero o febrero, en menos de dos meses, algo tan importante como es la designación y remoción de nuestros jueces se decidió rápidamente.
Creemos que el Consejo de la Magistratura ha tenido una génesis deficiente; viene a sustituir un sistema que es la designación de los jueces por el Presidente con acuerdo del Senado, típico de nuestra Constitución y del modelo norteamericano, introduciendo un cuerpo que es de un sistema diferente -el sistema continental- donde el Poder Judicial no es un poder del Estado. En los países europeos se exige un consejo de la magistratura, justamente para que otros sectores de la comunidad controlen a la justicia, que forma parte del gobierno pero no es un poder independiente.
Hemos tomado ese modelo, y quizás debimos haber mirado nuestros antecedentes provinciales, donde hace mucho tiempo hay Consejos de la Magistratura que funcionan bien. Pero creo que nuestros constituyentes tomaron un modelo europeo y le introdujeron problemas serios, como es no definir claramente lo que es el gobierno y la administración judicial, lo que implica no definir quién es la cabeza del Poder Judicial. Para nosotros sigue siendo la Corte, pero el problema de una mala regulación constitucional produce conflictos, que los miembros del Consejo saben que hoy existen, y creo que las consecuencias de esos errores constitucionales son el autoritarismo actual y la posibilidad que se dio al oficialismo de reformar el Consejo y establecer una composición que prácticamente le da el poder de veto en las designaciones y en las remociones de los jueces.
Creo que esto ha ocurrido, y lo digo sin ambages, con la clara intención de manejar las designaciones y remociones, sobre todo de aquellos jueces más sensibles a los temas de corrupción, como son los jueces federales. Es mi opinión, porque es un argumento que siempre el oficialismo repite, diciendo que este gobierno es el que más ha defendido la independencia del Poder Judicial. Es mi opinión que luego de constituir una Corte Suprema de Justicia, que sin bien ideológicamente es uniforme, cosa que no es lo deseable ni lo que ocurre normalmente, porque las Cortes varían a medida que los distintos gobiernos las van componiendo, si bien ideológicamente es afín con muchas posiciones del gobierno, ciertamente en lo individual tiene cierta independencia de criterio. Creo que el Gobierno, cuando reformó el Consejo de la Magistratura, tomó el ejemplo de lo que había pasado en la Corte y resolvió hacer una composición que le permitiera manejar las designaciones y las remociones como lo está haciendo.
Sin duda necesitamos este debate, y por eso hemos invitado hoy al senador Ernesto Sanz, que forma parte del Consejo de la Magistratura, a la diputada Patricia Bullrich, a quien le preocupa este tema, al Dr. Enrique Pereira Duarte que ha formado parte del Consejo y al Dr. Horacio Lynch, de quien todos sabemos que se ha ocupado del tema desde FORES y desde otros ámbitos, y que es una de las personas que más ha analizado el problema. Queda en uso de la palabra al senador Ernesto Sanz.
Palabras del senador Ernesto Sanz
Muchas gracias por la invitación. Es para mí un placer estar aquí, como les decía recién informalmente en un momento de la vida del Parlamento, cuando tanto la diputada Bullrich como yo nos tenemos que dividir en las tareas, porque en Senadores, donde tenemos la discusión del presupuesto nacional, y en Diputados que ha comenzado esta tarde la discusión del sistema previsional, se nos requiere fuertemente. Pero en mi caso decidí venir porque como dijo el presidente del Colegio, no debemos perder de vista los temas institucionales en el debate público, por más que el Gobierno se empeñe todos los días en traernos cuestiones que monopolizan la atención de la sociedad por sus implicancias económicas, como es el caso de las AFJP. Por encima de ello, estos temas institucionales deberían formar parte de una agenda permanente, en especial en el Congreso, donde creo que hoy no tienen prioridad.
Me adelanto a decir que la ley de reforma del Consejo de la Magistratura va a formar parte de una agenda prioritaria de muchos sectores políticos me animaría a afirmar, del radicalismo que yo represento y también el sector de Patricia, la Coalición Cívica, porque el año que viene, año de elecciones legislativas, la ciudadanía deberá tener muy presente este esquema de desequilibrio institucional que existe en el Congreso, nosotros vamos a tener que llegar con ejemplos concretos que el Dr. Del Carril ha mencionado: el tema de los superpoderes, la delegación de facultades, Ley de Coparticipación, Reforma del Consejo de la Magistratura y muchos otros.
A mí me invitaron para que diera una opinión sobre el Consejo de la Magistratura desde adentro, porque soy miembro de él. Yo ingresé al Consejo con la nueva Ley, soy fruto de la nueva ley. Además de eso creo tener algún mérito para opinar, porque en el Senado cuando se discutió la Ley fui el contradictor de la actual presidenta de la Nación, que en aquella época como senadora fue la miembro informante y la defensora del proyecto oficialista. Esto me permite, desde la óptica de aquel debate que he estado releyendo en estos días y desde la experiencia de este año y medio que llevo en este Consejo, hacer algunas reflexiones.
Primero, el meollo de la cuestión es algo que estuvo muy claro, no sé si para la sociedad, pero sí para los que conocíamos del tema y lo discutimos en el Parlamento , el centro de la discusión en aquella oportunidad y que fue el poder de veto, que el senador Rodolfo Terragno entonces lo graficó tan inteligentemente como “la bolilla negra” del oficialismo en el proceso de selección y el “salvavidas” en el proceso de acusación. Es decir, que atento a la nueva composición del Consejo de la Magistratura con 13 miembros de los cuales 5 pertenecen al oficialismo (4 legisladores más un representante del Poder Ejecutivo) la necesidad de encontrar dos tercios para la selección y para la acusación de los jueces. Cuando se lo lleva a los números se advierte la trampa de tener que contar con al menos un oficialista para conseguir los dos tercios que aprueben un concurso de selección, y la necesidad de contar por lo menos con un voto del oficialismo para acusar a un juez por ese sistema. Esto no ocurría con el anterior Consejo, del cual no puedo decir nada porque no formé parte de él (el Dr. Pereira Duarte que está aquí puede hablar con mayor propiedad, porque fue componente del mismo). Pero digo que si tuviera que reducir a grado extremo, el quid de la reforma y la decisión política que estaba detrás, sin duda es ésta: que en la nueva composición el oficialismo tiene un poder que en la anterior composición no tenía.
Ahora bien, esto en la práctica ¿hace que el Consejo actual esté viciado o nulificado de contenido de tal manera que no podamos rescatar absolutamente nada positivo? Yo les digo que no, a pesar de esto que es grave desde el punto de vista institucional y que se verifica en algunos aspectos que voy a señalar, creo que los problemas institucionales que tienen que ver con la justicia en la Argentina y que claramente se irradian hacia otras cuestiones de la institucionalidad, no tienen que ver con el Consejo de la Magistratura. Me parece que el problema grave de nuestra justicia tiene mucho más que ver con la conducta de los protagonistas centrales, que son los jueces; sobre todo los jueces penales federales de Capital, los que físicamente la gente ubica en Comodoro Py, y los fiscales, que no tienen nada que ver con el Consejo de la Magistratura pero que forman parte del sistema penal federal de la Capital Federal.
Ellos son los que juzgan a los funcionarios públicos y son los que han creado en la Argentina un sistema de impunidad, que en definitiva instala en la sociedad la pérdida de credibilidad del sistema, ídem de la política, desconfianza absoluta de cualquiera de las medidas que se tomen en cualquiera de los ámbitos. Yo creo que el único ejemplo de recuperación de esa relación institucional entre la sociedad y las instituciones se dio aquella madrugada del debate en el Congreso, pero en verdad creo que se va perdiendo y diluyendo en el tiempo, fruto de que en la Argentina no hay un sistema de premios y castigos, lo que hace que todas las demás cuestiones institucionales que podamos discutir pasen a un segundo plano.
¿Cómo se verifica en la práctica esta situación del oficialismo? En el proceso de selección de candidatos en realidad no ha habido grandes modificaciones, ha habido intentos de modificaciones. Hay debates en el Consejo, como por ejemplo un proyecto de modificación del Reglamento de Selección que presentó la diputada Conti, que pretende establecer nuevas pautas en la calificación de los jueces. Las que rigen actualmente, a mi juicio tienen que ser discutidas para encontrar el justo medio. Yo soy de los que tampoco están conformes con el sistema actual, es un sistema academicista que premia algunos valores, como por ejemplo la vocación de los jueces por hacer cursos, el transcurso de tiempo a cargo de un juzgado o de una secretaría, pero que le da muy poca importancia a algunos otros aspectos que hacen a la personalidad de los jueces. Son precisamente esos aspectos los que luego se advierten en el ejercicio de sus funciones como una debilidad, o como un vacío de contenido.
Yo ponía recién un ejemplo, no tengo ningún reparo en dar nombres y apellidos. Hace pocas horas ha jurado como juez de la Cámara Nacional Criminal y Correccional el Dr. Ballestero, que fue juez federal durante muchos años. Cuando se desarrolló la audiencia del Dr. Ballestero en el Consejo de la Magistratura, yo que no soy miembro del Consejo de Selección fui solamente para hacerle una pregunta, la única que a mí me interesaba, y que no figuraba en ninguna de las pautas de valoración de los jueces: ¿a cuántos funcionarios públicos en actividad había él imputado o procesado en tantos años como juez federal? Su respuesta fue que a ninguno. A mi juicio eso es toda una definición. Alguien pudiera decir que es injusto el planteo, porque probablemente no haya habido ningún funcionario público en esas condiciones. Todos sabemos de qué estamos hablando en la Argentina, entonces esa sola respuesta es un punto de valoración negativa para mí; sin embargo eso no se evalúa en el Consejo.
Seguramente (y alguna amiga periodista que está aquí lo estará pensando) alguien puede decir que en las audiencias, si uno les da a los consejeros un margen discrecional de valoración, podría haber algunos que lo que busquen sea encontrar una valoración de los jueces amigos o no del poder; es verdad, de esto también hay que cuidarse y es un punto que habrá que discutirlo para no darle a esa audiencia un margen de valoración que pueda distorsionar los exámenes o los antecedentes. Pero digo que hay que tener cuidado con esto, porque hoy el Consejo se rige por pautas de selección anteriores que, repito, hay que empezar a discutirlas.
Voy a lo otro, a lo que sí conozco por experiencia propia. Yo presido, desde este año, la Comisión de Acusación y Disciplina. Me pareció un logro que en la nueva Ley se haya fusionado las que antes eran la Comisión de Disciplina y la Comisión de Acusación. En verdad el procedimiento debe ser el mismo y en ese procedimiento uno puede tener, en virtud de los hechos denunciados y en virtud de las características del sumario que se le inicia a un juez, uno puede tener la clara visión de si es un hecho para sanción disciplinaria o si es un hecho que pueda encarrilarse para una acusación. Por eso la fusión ha agilizado mucho el tema de las acusaciones, y debo decirles que aquí tampoco se verifica en la práctica que ese poder de veto del oficialismo tenga una influencia concreta. En realidad ese poder de veto juega, no para los expedientes concretos y las denuncias concretas. El único caso de destitución que hemos tenido en los últimos tiempos fue el de Tiscornia el año pasado, y hasta aquí en lo que va del año tenemos cuatro sanciones, que son diferentes a las de acusación. Acabamos de sancionar a dos jueces federales del interior, uno de Resistencia y otro de San Luis, pero con sanciones económicas; no se ha llegado a acusaciones.
Pero ¿cómo se verifica ese dato del poder “salvavidas”? Eso es precisamente lo que el poder negocia con algunos jueces; ése es el salvoconducto que tienen algunos jueces para no llegar nunca a ser acusados, y por lo tanto tener connivencia con el poder. Ahí es donde se verifica la cuestión, porque si el oficialismo no tuviera ese salvavidas, muchos jueces no tendrían necesidad alguna de llegar a ningún acuerdo con el poder, pero en nuestra República Argentina lamentablemente hay que hablar en estos términos.
Si no existiera ese salvavidas ningún juez estaría sometido a esa situación; ahí es donde se verifica la relación del poder y de la nueva Ley y de los cinco oficialistas con el régimen de acusación. Porque por lo demás hay ejemplos, la semana pasada en el caso particular mío me tocó acusar a un juez federal, uno de Comodoro Py, a Bonadío, y me quedé absolutamente solo en la acusación. Pero ahí no le puedo echar la culpa al oficialismo, porque en verdad los votos que salvaron a Bonadío fueron también de los jueces y también de los abogados. Los únicos dos votos que sostuvieron la acusación fueron de los dos consejeros del radicalismo, el diputado radical y el senador radical.
Hay muchos ejemplos que podría traerles a colación, pero en definitiva concluyo diciendo que el Consejo de la Magistratura tiene hoy, con la Ley actual, que reformular muchas cosas para ser más eficaz y para cumplir con el cometido constitucional. Creo que desde el Congreso de la Nación y desde la sociedad tenemos la posibilidad de reformar la Ley, no solamente en el tema del número (me gustaría llegar a un número tal que ninguno de los estamentos tenga posibilidad de veto para el comienzo o para la salida de un juez). Creo que este es el secreto de una ley correcta, en la cual uno encontraría ese equilibrio de que habla el 114 de la Constitución. Y sin llegar al número que estipulaba la vieja Ley, que era excesivo, me parece que estos son los desafíos para lograr una calidad institucional tal que, sin duda alguna, a partir de ahí comenzarían a caer como si fuera un dominó otras cuestiones que también ha mencionado el Dr. Del Carril: los superpoderes, la delegación de facultades y demás. Porque hoy en verdad, con este corsette de la justicia, muchos de estos temas están sin poder resolverse.
Palabras del Dr. Horacio Lynch
Yo también agradezco al Colegio que me haya invitado para tratar este tema, que es crucial para la República y para la subsistencia de las instituciones. A mi análisis en esta charla que se ha dado en llamar “Presente y futuro del Consejo de la Magistratura”, me gustaría comenzarlo por el pasado, para así proyectarnos hacia el futuro. Hay mucha gente joven, que prácticamente ha llegado a la madurez con el Consejo de la Magistratura en funcionamiento, entonces no ven otra alternativa que su existencia y el intento de mejorarlo, pero muchos de nosotros hemos vivido la situación anterior. En realidad nuestro sistema constitucional, al que hizo referencia el Dr. del Carril, es un sistema que funcionó muy bien durante por lo menos noventa años: desde 1862, cuando se crea la Corte Suprema y se establecen los tribunales federales, hasta 1949 en que Perón obligó a requerir nuevamente el acuerdo del Senado y se produjo una renuncia masiva de jueces y un recambio. Pero hasta ese momento el sistema funcionó muy bien; en Estados Unidos tiene más de doscientos años de funcionamiento sin ningún problema.
Entonces deberíamos preguntarnos si lo que ha fallado es el sistema o los hombres. En realidad la diferencia con Estados Unidos es bastante sustancial en algunos aspectos, allá el Senado se toma en serio la función de dar o no dar el acuerdo. Es una función muy importante que en nuestro país, por tradición, no se la ha valorado, prácticamente se ha aprobado todo lo que viene del Ejecutivo. En Estados Unidos sobre casi 160 nominaciones de presidentes de la Corte Suprema hubo 34 rechazos; el primer rechazo lo tuvo Washington, y hubo algunos jueces, como el juez Taney que llegó a ser presidente de la Corte Suprema, que tuvo un rechazo una vez, y después fue nuevamente propuesto y se lo aceptó. En aquel país la designación de un juez es algo muy importante, y el Senado se lo toma muy en serio, y eso aquí ha fallado.
La Constitución tiene bastante claro el esquema de la división de poderes. Después de esa renovación de jueces que se hizo en 1949 comenzó un ciclo desgraciado de la historia argentina, de sus poderes civiles y militares. Durante la Revolución Libertadora se intentó hacer un consejo asesor, que después se ratificó cuando el Dr. Borda era ministro de Interior, y empezaron a hacerse nombramientos con pautas más objetivas. Llegó el año 73, se anularon esos decretos, comenzó a funcionar la Comisión de Acuerdos del Senado copada por el senador Saadi, que se convirtió en quien realmente disponía las designaciones en el Senado. Después vino el proceso militar y después nuevamente la democracia en 1983. En ese año el radicalismo toma la presidencia de la Comisión de Acuerdos, pero nuevamente lo vemos a Saadi como vicepresidente. El peronismo tenía mayoría en el Congreso, que prácticamente estaba atado de pies y manos en cuanto a las designaciones. El Dr. Odriozola aquí me podrá corregir, sobre cómo ha sido el proceso ocurrido desde el año 83 hasta el 93.
Entonces nosotros en Fores, frente a esta situación no pensamos que hubiera que cambiar el sistema; en primer lugar entendíamos que debía funcionar el acuerdo del Senado con toda rigurosidad. En segundo lugar nos parecía interesante la experiencia del Consejo Asesor que ya existía con el nombre de Consejo de la Magistratura en nuestro constitucionalismo provincial. La primera provincia que lo introduce es Chaco, un simple Consejo Asesor para las designaciones, integrado por jueces y políticos, entiendo que con bastante buen resultado.
En tercer lugar, había que crear una escuela judicial, si buscábamos algún sistema de concurso, creíamos que lo mejor eran cursos en una escuela judicial. Un curso que no solamente sirve para la preparación de quienes serán jueces, sino también para establecer rankings. No olviden que nuestro sistema para la designación de magistrados es similar al que tienen los altos mandos militares y los embajadores. La Escuela del Servicio Exterior de la Nación tiene un sistema de cursos que es muy bueno para establecer las prioridades. En el curso de coroneles y en la Escuela Superior de Guerra y las equivalentes en las otras fuerzas, también se producen resultados muy objetivos en las calificaciones. Entonces en ese sentido, creo que el sistema éste de la Escuela Judicial también es algo recomendable como para mejorar el sistema.
Otro punto que nosotros mencionábamos era el sistema de designaciones. La Constitución tiene un sistema, que es por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Pero no quiere decir que deba repetirse cada vez que el juez cambie de lugar. Si ustedes tienen que hacer un “enroque” entre dos jueces de una sala a otra, con el viejo sistema estos jueces tenían que volver a conseguir el acuerdo del Senado, etc. Es decir se daban muchas oportunidades en que los postulantes tenían que recurrir a amistades políticas, sometiéndose así a presiones. En realidad la Constitución no exige tal cosa, puede haber una sola designación y a partir de ella el magistrado puede quedar a disposición de la Corte Suprema, de las autoridades judiciales y después, con su conformidad naturalmente, puede hacer su carrera judicial sin necesidad de depender de los políticos. De manera que bien llevado, el sistema de la Constitución puede funcionar.
Lo único que no ha funcionado bien ni aquí ni en Estados Unidos es el sistema de remociones. El Congreso en Estados Unidos no puede parar a fin de juzgar a un juez, ellos han buscado algunos sistemas eclécticos y en algunos casos, con ciertas negociaciones con los abogados, los magistrados acusados han llegado a hacer sistemas expeditivos, con la conformación del Senado más chica, sobre todo en la parte que es más engorrosa del proceso judicial, que es la recepción de las pruebas. Es decir, en todos estos casos había salidas para el sistema que teníamos.
Entretanto había alguna propuesta para la instalación del Consejo de la Magistratura, que en 1986 había sido rechazado por el Consejo de la Consolidación de la Democracia. En el año 93 Menem quiere ser reelecto, y entonces viene toda esta historia de la reforma de la Constitución, y se pretende que la reforma era para mejorar la independencia del Poder Judicial. Desde Fores nuevamente dijimos que eso no era así, que la independencia del Poder Judicial se aseguraba no mediante reformar la Constitución sino mediante cumplirla, pero finalmente la reforma de la Constitución introduce este tema del Consejo. Nosotros dijimos que era una barbaridad, es decir, pretender la mejora de la independencia judicial, injertándole en su riñón a representantes de los otros poderes, es un absurdo y una contradicción en sí mismo, no cuaja con nuestro sistema. Eso puede funcionar en sistemas como los de Europa, donde el Poder Judicial no es independiente, donde la cabeza máxima de la justicia es el ministro de Justicia. Entonces el Consejo de la Magistratura en Francia, en España, en Italia, es un avance; en nuestro sistema es un retroceso.
Nosotros señalamos que esto era como un caballo de Troya. Y por otro lado pretender que el Consejo sea también cabeza del Poder Judicial, es crear este cuerpo bifronte, con dos cabezas, que naturalmente iba a producir problemas. A pesar de todo, la reforma siguió en marcha, yo tuve que intervenir en representación esta vez del Colegio, y a pesar de estar en contra tuve que intervenir en las negociaciones que se llevaban a cabo para hacer la Ley, pero yo veía que lo único que les preocupaba a la gente de la Asociación de Magistrados y de la FACA era la integración: cómo iba a estar integrado, cuántos cargos habría y quiénes iban a poder entrar, fue lamentable.
De todas formas tengo que reconocer que las primeras integraciones fueron de gran calidad, y que los problemas no aparecieron inmediatamente. Pero con el tiempo tenía que pasar lo que pasó, era casi imposible pensar que hubiera un organismo así sin que el poder político intentara coparlo; era muy inocente pensar que esto no ocurriría, es casi como la naturaleza de las cosas. Mi balance del Consejo es absolutamente negativo, yo creo que estamos muchísimo peor que antes. Por ejemplo esto de tener un 20 ó 25 por ciento del Poder Judicial sin jueces (como hemos tenido) es gravísimo, nunca había pasado eso.
Este tema de los jueces subrogantes es algo que no existía, lo sabemos quienes tenemos más edad. Había vacantes, se subrogaban y con el tiempo se llenaban. El sistema de selección, como bien lo ha dicho el senador Sanz, apunta a revisar un solo aspecto de lo que es un juez: la erudición. Todos los otros aspectos relativos al sentido común, a la organización, al trato con las personas, a la aptitud de negociación, a las nuevas tecnologías, no son tomados en cuenta. Es que el sistema de concursos de oposición y antecedentes está pensado para estructuras académicas, donde también está bastante discutido. Pero cuando se tiene que elegir un profesional, un hombre que debe actuar, ejercer un arte y no una ciencia, el sistema en mi opinión no funciona.
Ha aparecido otra cosa, que es un nuevo instrumento para presionar a los jueces, este sistema de acusación, esto de tener a montones de jueces bajo acusación durante meses y meses. Junto con aquello de los jueces subrogantes, la acusación facilita las presiones sobre el Poder Judicial. Rescato, como les dije antes, la tarea del Tribunal de Enjuiciamiento, que en las pocas veces que ha actuado creo que lo ha hecho muy bien y mucho mejor de lo que pudo haberse hecho jamás en el Congreso.
Para el futuro entonces, mi ideal sería que se suprima el Consejo de la Magistratura. Ahora, sé que es una irresponsabilidad en estos momentos, por las razones que todos ustedes conocen, proponer una reforma de la Constitución para suprimirlo. Habrá que tratar de encapsular, de morigerar al Consejo en su expresión mínima; tratar de cambiar el sistema de selección de magistrados y depurar este sistema de acusación que como bien ha dicho aquí el senador, no ha servido para limpiar al Poder Judicial de todos esos sectores de corrupción que existen. Y no solamente en el fuero penal federal, que evidentemente es el fuero más grave, hay corrupción enquistada en otros fueros, y el Consejo no ha eliminado eso. Muchas gracias.
Palabras de la diputada Patricia Bullrich
Agradezco al Colegio por esta invitación y por tratar un tema tan importante. Yo voy a hacer al revés del Dr. Lynch que empezó por la historia, voy a empezar por el presente. El Consejo de la Magistratura tiene actualmente a 203 jueces bajo investigación, esto es el 23 por ciento de los jueces nacionales. En muchos casos son causas que durante años están sin sanción. Durante el principio de nuestra gestión y de la gestión del Dr. Kirchner renunciaron 199 jueces, una cifra realmente fuera de lo común.
En el último conflicto del campo se abrió un pedido de juicio político al primer juez de la ciudad de Mar del Plata, que había declarado nulo el régimen de retenciones. Hace muy pocos días, como bien decía el senador Sanz, se archivó la causa del juez Bonadío. El día domingo salió en el diario Clarín la noticia de que iba a haber un cambio al régimen previsional; Bonadío el lunes a primera hora abrió un expediente que no hemos podido ver, y de una manera bastante rápida allanó las diez AFJP, paralizó su funcionamiento, casi como si hubiera sido el jefe de Gabinete el que actuaba. Una verdadera vergüenza. Ha habido declaraciones de la Federación Argentina de Magistrados, de estos Colegios, planteando las presiones existentes.
Entonces yo quiero decir que lo que pasa en el Consejo de la Magistratura fundamentalmente hay que analizarlo desde una perspectiva global -por supuesto que tiene su parte de análisis técnico-, como un avance de la extorsión en el conjunto de las instituciones de la República. Hace una semana votaron en Diputados nuevamente los superpoderes, por suerte no con nuestro voto. El próximo miércoles quieren votar un cambio drástico al sistema previsional en una semana, y no les van a contar la cantidad de cosas que se votan. Hoy un diputado de una provincia me dijo que habían llamado a su gobernador y que le habían dicho que esto era un “combo” que consta de tres leyes que hay que votar de acá a fin año si quería tener asegurado el financiamiento de su provincia el año que viene. El combo era: cambio del régimen previsional, que no se coparticipe dinero del impuesto al cheque y volver a votar la Ley de Emergencia. Si respaldaban ordenadamente estas tres leyes, iban a tener plata el año que viene.
Entonces, cuando miramos lo que está pasando en el Consejo de la Magistratura, podríamos decir que podemos abrir la realidad de la Argentina como si fuera la corteza de un árbol, donde uno va mirando en los pequeños círculos la misma realidad en el conjunto de las instituciones. El Consejo de la Magistratura no es solamente una institución que funciona bien o mal, sino que hay un avance de una lógica, de un modelo de poder, de una apropiación del poder, al conjunto de las instituciones de la República. A esto hay que oponerle una política de resistencia; discúlpenme si lo digo de una manera muy fuerte, pero hay que presentar una estrategia de resistencia.
Los gobernadores hoy son rehenes -podrían no serlo, porque siempre está la voluntad individual-, están extorsionados con los recursos. Fíjense que ahora entran si votan favorablemente la ley -esperemos que no- 98.000 millones de pesos al erario público y no sabemos muy bien adónde, algo así parecido al fondo de Santa Cruz, un lugar misterioso. Y una de las razones de por qué las provincias reciben menos fondos es porque justamente se planteaba que el sistema previsional, al desviar muchos fondos al sistema privado, ese dinero tenía que ir al Tesoro Nacional y no a las provincias. Ahora, que quieren rescatar ese dinero privado, a las provincias no le mandan nada, es decir que hay más dinero para plantear esta misma estrategia. Lo mismo podríamos decir en cuanto a distintas instituciones de la República.
Nosotros creemos que esto que está pasando en el Consejo de la Magistratura, que encierra cuestiones técnicas de enorme importancia, es un golpe claro a la división de poderes. Fíjense los detalles, hace dos años cuando se modificó esta Ley, cuando se redujo el Consejo para tener de esta manera un mayor poder de control, se cambiaron artículos que aseguraban la independencia de los jueces. El artículo 7 decía: “Atribuciones del Consejo. La Ley 24937 estipulaba en su inciso 2, dictar los reglamentos referidos a la organización judicial y los reglamentos complementarios de las leyes procesales, así como las disposiciones necesarias para la debida ejecución de esas leyes y toda normativa que asegure la independencia de los jueces y la eficaz prestación de la administración de justicia”.
En la Ley 26080 en este inciso 2 del artículo 7, “asegurar la independencia de los jueces” desapareció. Mientras se discutía concretamente qué número de miembros tendría el Consejo de la Magistratura, si la oposición iba a estar o no, desapareció esta frase mencionada. Entonces, está muy claro cuál es el modelo; nosotros estamos diciendo en estos días que si quieren que votemos una comisión de control parlamentario de los fondos, primero le devuelvan a la oposición los miembros de la Magistratura que le sacaron mediante esta reforma constitucional. Cómo vamos a creer en nuevos organismos de control cuando los que tendrían que estar vigentes fueron reducidos para impedir, como bien decía el Dr. Lynch, que durante los primeros años del Consejo de la Magistratura, con algunos problemas de burocracia, de tiempos y demás, tenía un funcionamiento aceptable. Sin embargo, a partir de la Ley 26080 quedó muy claro cuál era el objetivo.
Lo que tenemos que plantear, y me parece que es el gran tema de la Argentina, es que hay que presentar una resistencia cultural en el conjunto de instituciones de la República. Recuerden que hace 15 años decíamos que las provincias argentinas no tenían que ser Santiago del Estero; hoy todas las provincias han ido al camino de Santiago del Estero. Con justicias que sufren enormes problemas, con prensa maniatada y prensa de la que se han adueñado los gobernadores, con publicidad oficial manejada, con Consejos de la Magistratura adecuados a las necesidades del poder, con extorsión de los gobiernos provinciales sobre los municipios, y con injerencias cada vez más importantes sobre la justicia, salvo algunas provincias en las que todavía existe algún tipo de manutención de alguna manera.
En consecuencia, el gran tema argentino desde nuestra perspectiva, es volver a los principios que significaron nuestro nacimiento constitucional. Y en cada uno de los pasos que analizamos, vemos que estos principios van desapareciendo. Por eso nosotros entendemos que cada vez que se discute algo en la Argentina tenemos que cruzar nuestra mirada con esta perspectiva. Así como hoy estamos discutiendo las cuestiones previsionales, tenemos que cruzar nuestra mirada con esta perspectiva.
Acá no estamos discutiendo cuál es el mejor modelo previsional para el mundo que viene. Quizás para el mundo que viene el mejor modelo sea uno no previsional. Un modelo en el que desaparezca lo contributivo, porque el mundo ha cambiado, la sociedad industrial ha cambiado, y en consecuencia quizás los sistemas hacia el futuro van a ser de impuestos y no contributivos. Porque una persona empieza trabajando en Buenos Aires, sigue trabajando en Brasil y termina trabajando en la India. Entonces quizás hay que repensar los sistemas. Pero acá no se están repensando los sistemas ni la política, acá se está yendo contra los derechos de los ciudadanos.
El gran problema que vemos hoy en el Consejo de la Magistratura es el avance sobre las instituciones de un poder político hegemónico y corrupto. Y esto se va instalando como una conducta aparentemente aceptada y que cuando hay determinados casos recién reaccionamos. Creemos que a partir de ahora tenemos que reaccionar todos los días ante todos los temas. Recién me crucé con De Ángeli y le dije que a él la sociedad lo acompañó a partir de un concepto constitucional que es no aceptar impuestos confiscatorios. Le dije que ahora él tiene que acompañar a los millones de argentinos a quienes les quieren confiscar sus ahorros previsionales. Ésa es una buena manera de pensar los derechos, si todos los que tenemos responsabilidades públicas y todos los demás ciudadanos logramos entender este concepto, es posible que en las instituciones, más allá de sus defectos, logremos que esta perspectiva sea la que gane.
Y yo creo que es hora de que los argentinos entendamos que también nosotros tenemos dentro de nosotros esta lógica hegemónica. Y si en la Argentina pasaron las cosas que han pasado, es porque en el conjunto de las instituciones en algún momento las hemos dejado pasar. Nuestro mensaje es que no las dejemos pasar más, y que en cada uno de los casos en que se quiera avanzar sobre la independencia y calidad de las instituciones, entonces debemos reaccionar. Muchas gracias.
Palabras del Dr. Luis E. Pereira Duarte
Muchas gracias al Colegio de Abogados por la invitación, que me ha permitido volver a encontrarme con algunas caras amigas después de mi ausencia de esta ciudad, en la que estuve ejerciendo durante cuatro años el cargo de Consejero, en representación de los abogados.
Yo en principio voy a discrepar con lo que dijo el Dr. Lynch respecto a la necesidad o no del Consejo de la Magistratura. Yo soy un defensor del Consejo de la Magistratura, básicamente porque estamos en la Argentina y sabemos cómo se han designado los jueces, por lo menos durante muchos años. Idealmente puede ser quizás el sistema que nos rigió en la Constitución y el que rige en los Estados Unidos, el sistema ideal en un país ideal, pero no vivimos en un país ideal.
Yo recuerdo que me convertí en adherente del Consejo de la Magistratura hace ya muchos años, cuando en alguna reunión de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, a poco del inicio de nuestra democracia allá en el 84, estaban casi todas la provincias representadas y se planteaba lo que ocurrió durante el paso del gobierno militar al gobierno civil, cuando ustedes recuerdan los jueces estaban en comisión, cuando se nombraba a cualquiera, se los presionaba, había muchos juzgados vacantes.
La FACA en ese momento preparó un comunicado crítico de la situación de incertidumbre que se vivía en muchas provincias, sobre todo las del norte, inclusive en La Rioja en aquel momento gobernada por Menem. Recordé la actitud de la gente de Río Negro cuando dijeron que no querían estar incluidos en la declaración, porque tenían desde la sanción de su Constitución la vigencia del Consejo de la Magistratura, que los gobiernos militares respetaron y los jueces elegidos durante el gobierno militar también participaron en el Consejo de la Magistratura, y cuando vino la transición prácticamente quedaron los mismos. Habían sido elegidos, no por el dedo del poder sino por su mérito, que creo que es lo que da independencia a los jueces. Podemos discutir si el mérito debe ser exclusivamente el técnico o si debe contemplar otros aspectos. A mí me parece que el criterio personal, según lo que hablaba el senador Sanz de aquel proyecto de amplias facultades a los consejeros para poder elegir al mejor en base a la entrevista personal, es el mejor en un país ideal y en Consejo ideal, pero no entre nosotros. Porque sabemos que ese criterio de valoración, la mayoría de las veces se ha querido ejercer simplemente para torcer la voluntad hacia un lado determinado.
Cuando estábamos en el Consejo tuvimos el criterio de que una vez que ya venía la calificación hecha por los antecedentes, por la oposición y demás, no había que modificarla, salvo por alguna circunstancia muy especial. No modificar el orden, no mover más allá de aquel que tuviera 5, 6 ó 7 puntos de diferencia. Creo que ese criterio hoy está siendo dejado de lado, de modo que gente que está muy abajo después es subida a través de la entrevista personal, lo cual introduce criterios de discrecionalidad.
Y también creo que se dejó de lado algo que nos costó mucho imponer mientras estuvimos en el Consejo, que fue el examen psicotécnico de los jueces; nos costó mucho porque los mismos jueces se oponían a que se les examinara. ¿Por qué? Porque supongamos el caso de algún juez que quería ascender a camarista y por ahí el psicotécnico le daba negativo, entonces por esa defensa corporativa que hacen los jueces, se oponían al examen. Creo yo que eso dio muchos resultados y permitió en alguna medida orientar algún otro perfil del candidato, eso también fue dejado de lado con la actual composición del Consejo de la Magistratura.
Por eso digo que en un sistema ideal tal vez podamos estar de acuerdo, en el sistema original de la Constitución, pero en nuestra realidad no. Muchos de aquellos jueces que fueron designados por el diputado amigo, por el senador amigo, si hubiera existido en aquel momento un Consejo de la Magistratura, no sólo que nunca hubieran sido jueces, sino que ni se hubieran animado a presentarse. Ya el hecho de tener que presentarse como candidato es un paso importante. Por eso yo creo que en este momento sigue siendo necesario el Consejo de la Magistratura, por lo menos para la selección, y también comparto lo que se decía respecto de la acusación y de la posibilidad de un jurado de enjuiciamiento. Podrán discutirse las otras facultades, las de administración y otras, pero por eso yo creo que los constituyentes del 94 en vez de beber en nuestro derecho público provincial, fueron a buscar ejemplos en el extranjero, cuando los teníamos buenos acá en el país.
Este sistema se ha ido extendiendo, y en este momento prácticamente rige en casi todas las provincias, con distintas modalidades. Hemos tenido días pasados acá en la FACA un encuentro de abogados representantes de los distintos Consejos de Magistratura de todo el país y realmente ha sido una experiencia edificante, porque hay distintos sistemas, cada provincia con sus pro y sus contra, pero siempre importante. Por ejemplo el caso de la Provincia de Chubut, donde tienen un representante popular en el Consejo, que a todos nos sorprende porque no sólo es representante popular sino que va también en la lista de los partidos políticos. Lo primero que habíamos pensado todos es que él sería un representante más de su partido político, pero parece que la realidad de Chubut no es esa, sino que ejerce su mandato con total independencia.
Se ha hecho mención aquí al voto de aquella madrugada en el Senado, y yo digo que esta lucha de la gente del campo por la no vigencia de la Resolución 125, un poco me hacía acordar a aquella otra que tuvimos los abogados (yo en ese momento integraba el Consejo) para oponernos a la sanción de la reforma de la Ley del Consejo de la Magistratura. Pienso que habíamos sido bastante ingenuos si creímos que con mesas redondas, donde demostrábamos la inconstitucionalidad del proyecto, con un abrazo al Palacio de Justicia como se hizo alguna vez, podríamos lograr conmover al poder, cuando la gente de campo con toda su movilización no logró que las cabezas del gobierno dieran marcha atrás en su proyecto.
Hay una similitud en los actores, en el procedimiento. Recién nos recordaba el senador Sanz que el miembro informante en el Senado había sido la actual Presidenta, pero no aceptaron modificar absolutamente nada. Creo que los únicos que consiguieron algo fueron los jueces, por eso se quedaron un poco más tranquilos, porque así como a los abogados nos redujeron de cuatro a dos, el proyecto original era reducir a los jueces de cuatro a dos; consiguieron que les dieran uno más y con eso tranquilizaron sus conciencias. Pero no se logró absolutamente nada, si bien podemos decir que el tema de la Resolución 125 creó una resistencia, porque en gran medida se le metía la mano en el bolsillo a la gente, el Gobierno trató de ceñirlo en un momento determinado a un estricto asunto económico. Se habló de lucha de clases, enfrentando a los ricos con los pobres, con un desconocimiento total de lo que era la realidad del país. Pero de cualquier modo yo creo que todo eso sirvió para que nosotros nos diéramos cuenta de que era una imposición a toda costa por el simple ejercicio del poder. Aquel conflicto del campo encontró una contención, un dique, en aquel voto del vicepresidente Cobos, cosa ésta que es muy difícil que logremos respecto al Consejo de la Magistratura.
Si bien es plausible lo que propone el senador Sanz de la posibilidad de una reforma futura de esta Ley, para por lo menos restablecer el equilibrio en la representación que establece la Constitución Nacional, yo creo que la solución tiene que venir antes. No tiene que venir por la sanción de una nueva ley, sino por la intervención de la Corte, que tiene en sus manos los planteos que muchas asociaciones de abogados, algunos partidos políticos y algunos abogados en particular han hecho. Algunas de esas causas están en manos ya de la Corte Suprema desde hace bastante tiempo, para dictaminar sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Reforma del Consejo de la Magistratura.
Como era de esperar, este proyecto en los juzgados de primera instancia y en las cámaras de apelaciones fueron rechazados, porque es muy difícil en estos momentos conseguir jueces de primera instancia o jueces de cámara que se opongan al poder en cuestiones tan sensibles como ésta, creo que la Corte tiene que jugar un papel importante. Ha llegado la hora de la Corte; así como el vicepresidente Cobos puso un límite al poder y trató de establecer una cuota de sensatez frente a tanta locura, creo que la Corte debe en este momento jugar su papel. La Corte ha dado algunos signos de independencia que en general son valorados, pero no ha puesto todavía las cosas en su lugar en algún tema que resulta sensible al poder.
Espero que el alto tribunal actúe con grandeza de espíritu, dejando de lado intereses mezquinos, porque creo que la Corte en estos momentos se siente mucho más cómoda con este Consejo de la Magistratura que con el anterior. Este Consejo que no le disputa espacios de poder, sino que simplemente negocia en determinados niveles y le ha ido devolviendo a la Corte funciones en oficinas que antes habían sido transferidas al Consejo de la Magistratura de la Nación, por ejemplo oficinas como las de notificaciones, de auditores, archivos y otras. De modo que esta situación actual le da mayor poder a la Corte.
Cuando tenga que resolver la Corte este tema, tendrá nuevos elementos que seguramente no los había hace dos años cuando recién se modificó la Ley. Por ejemplo no tendrá que confrontar lo que dice la Constitución cuando por ejemplo habla de la representación equilibrada, solamente con el desequilibrio que introdujo la Ley, sino también va a poder analizar lo que ha actuado durante estos dos años el Consejo de la Magistratura en su actual composición. Creo que como es habitual, los argumentos han sido generalmente mentirosos y se han ido repitiendo en distintas circunstancias, hoy en la discusión del sistema de jubilaciones. Yo no dudé en catalogarlo de mentiroso al presidente Kirchner, cuando en su mensaje al Congreso el 1º de marzo de 2006 dijo que era vergonzante el actual funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Él no sabía lo que el Consejo había estado haciendo, y creo que más allá de las críticas que se le pudieran haber hecho el Consejo estaba trabajando bien. Todos sabíamos que el objetivo no era mejorar su funcionamiento, sino simplemente hacer del Poder Judicial un apéndice del Ejecutivo, algo que evidentemente se está produciendo en estos momentos.
Se hablaba por ejemplo de la demora en los concursos, problema que desde la reforma hasta ahora se profundizó; bastará cotejar los concursos aprobados con anterioridad con los actuales. Yo pongo de ejemplo siempre el año 2004, en que me tocó presidir la Comisión de Selección, que en ese momento integraba junto a cuatro abogados mientras que en este momento su integración no cuenta con ninguno. En aquel año elevamos al Ejecutivo 82 ternas, el nuevo Consejo el año pasado elevó 57, y las que lleva elevadas este año son 42. Se puede ver así cuál es la diferencia de trabajo y que el argumento utilizado no es correcto. Y ni hablar de la otra serie de funciones que cumplíamos en el Consejo, inclusive la Escuela Judicial, que en algún momento estaba progresando bastante y se la puso en el congelador. He visto los nombres de muchos de los actuales postulantes, ternados, que yo recordaba porque habían concursado cuando yo integraba la Comisión de Selección y esos nombres ya en la primera etapa quedaban fuera. Por eso creo que el control que ejerce hoy la Comisión deja bastante que desear.
Al contraste tenemos que verlo también en otros aspectos, como en el caso de la Comisión de Acusación. Lo actuado en el período del 2002 al 2006, las acusaciones hechas, las destituciones, los juicios y demás, contrastan notablemente con lo hecho en los dos últimos años, donde hubo un solo juez llevado al tribunal de enjuiciamiento, que sin duda merecía ser llevado al juri, pero que recién fue enjuiciado cuando osó citar a indagatoria a la ministra de Defensa. Podrán decirnos que hoy tenemos jueces tan buenos que no pueden ser acusados y que por eso en estos dos años ha habido pocas acusaciones, pero ustedes saben que la realidad no es ésa, que hay muchos jueces que podrían haber sido acusados y han sido liberados. Hay un caso concreto donde voy a discrepar con el senador Sanz, porque la liberación de ese juez no fue por obra del partido gobernante, sino también por la minoría, en consonancia con los jueces. En una causa en la que me tocó intervenir como acusador, por una situación bastante similar contra un juez de Tucumán, que fue destituido por una maniobra con bonos nacionales. Otro juez no fue siquiera acusado en una situación que considero mucho más comprometida que la de aquel juez destituido por el Jurado de Enjuiciamiento.
Creo que en estos momentos en que la República está en peligro, se exigen actos de valentía. Aquellos reclamos del campo que se fueron sofisticando y que pusieron coto al exceso de poder, debemos seguir ejerciéndolos, y aquel guante que recogió el Senado de la Nación, creo que en estos momentos es la Corte quien lo debe recoger. Entonces, para terminar, mi deseo es que la Corte está a la altura de las circunstancias. Gracias.
Pregunta : de qué manera se ejerce la resistencia en el Consejo?
Senador Sanz: Una medida podría ser encontrar unidad entre todos los estamentos, para en algunos casos actuar en la vereda de enfrente del oficialismo. Te diría que esto ocurre en la mayoría de los casos, salvo en el estamento de los abogados, donde hay una clara diferenciación entre el abogado de la FACA, más independiente del oficialismo; el abogado del Colegio Público de la Capital Federal juega mayormente a favor del oficialismo en la mayoría de las votaciones. Esto es muy notorio en la Comisión de Acusación donde son 9 miembros, para lograr despachos sobre todo en estos expedientes donde se mantienen los procesos hasta el final del procedimiento, que son el caso del juez de Mar del Plata que mencionaba la diputada Bullrich, el caso del Juez Federal de San Luis, el de la Cámara de Córdoba. En esos casos, para poder avanzar en el procedimiento y llegar a la citación de los jueces por el artículo 20, hacen falta 5 votos sobre 9. Los oficialistas de la Comisión de Acusación son 4, necesariamente tienen que contar con un quinto voto, que siempre es el de los abogados de la Capital.
Pregunta: fuera de micrófono
Diputada Bullrich: Por eso yo decía que debemos trabajar muy fuerte sobre los principios. Esto mismo está pasando ahora con el tema previsional, porque hay mucha gente perjudicada que lo siente como algo lejano todavía, como algo que le va a pasar en 25 ó 30 años. Entonces no está encarnada la cuestión de los derechos concretos y palpables, aunque sea una expectativa de acá a muchos años. Por eso a mí me parece que ese es un tema muy fuerte en el que debemos trabajar.
En cuanto a la justicia es lo mismo. Yo recuerdo que en el libro La democracia en América, Tocqueville, cuando describe el sistema del juicio por jurados, justamente plantea esto, y dice que la gran importancia del juicio por jurados en los Estados Unidos radica en que cada ciudadano o ciudadana, alguna vez tiene que conocer la ley, alguna vez tiene que lograr saber con más detalle de lo que normalmente nos sucede a nosotros.
En consecuencia, el tema nuestro es cómo poder encarnar estos derechos con estos niveles de abstracción. El doctor hablaba de lo que había sido la resistencia de los abogados en el momento del Consejo de la Magistratura. Yo le diría que no fue una batalla perdida la de los abogados, es que también era otro momento del poder. Si el Consejo se hubiera modificado este año, quizás la realidad hubiera sido otra. Hay momentos en que el poder parece impenetrable y hay otros momentos en que ese poder empieza a desgajarse, y allí se logra dar batallas que en otro momento no se hubieran logrado.
Así que me parece que este es un tema de aprendizaje social, pero sobre todo de hacernos cargo de los cambios necesarios, no mirándolos de afuera. Tampoco mirarlos de afuera en el sentido de que esto pasó porque estaba el menemismo, o el kirchnerismo, o porque estaba fulano. Quizás de una manera muy cruda podríamos decir que todos los argentinos llevamos un Kirchner adentro, o un Menem o un Videla; y es la verdad, hasta que no nos hagamos cargo de esto y podamos reconocer que lo que nos pasa, nos pasa a nosotros, no vamos a poder cambiar. Tenemos que construir ese cambio, haciéndonos cargo. Es un poco lo de Adenauer, que se dijo “tengo que hacer la democracia con los alemanes”. No podía hacer la democracia con los ingleses, porque él tenía a los alemanes, y lo logró. De eso es que nosotros tenemos que tomar conciencia. Por eso me gustó cuando el doctor dijo “encontremos un camino entre nuestra Constitución ideal, nuestras instituciones ideales, y nuestra Constitución real.” Si encontramos la forma de juntar estas dos, el camino no siempre va a ser el ideal, pero estará más cerca de cambiar la realidad que tenemos; ése me parece un pensamiento importante. Y este es el camino que tenemos que recorrer.
Dr. Enrique del Carril
Creo que se nos agota el tiempo, yo les agradezco a todos los panelistas los puntos de vista que nos han dado, que han sido bien diferentes y bien ricos, nos han ayudado a reflexionar. Solamente para cerrar, quiero decir que nosotros en el Colegio concebimos el Consejo de la Magistratura como un organismo técnico y los estamentos que están allí deberían tener conciencia de eso, buscar la selección de los mejores jueces. Aquí no se deberían discutir problemas políticos de mayorías o minorías, ni defensas corporativas de jueces o de ataque a los jueces por los abogados. Es cierto que el Consejo no tiene tradición constitucional, comparto con Horacio muchas de las cosas que dijo, pero el Consejo está allí, y no podemos cambiar la Constitución. Lo que deberíamos hacer es encontrarle su justo lugar y buscar la manera de incorporar la mejor gente. Muchísimas gracias a todos. |
