Lunes, 14 de Mayo de 2007
VISITA DEL PRESIDENTE DE CORTE SUPREMA
154º Almuerzo de Confraternidad
El 28 de marzo se realizó el 154º Almuerzo de Confraternidad, el invitado fue el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Dr. Ricardo Lorenzetti, quien expuso sobre “La actuación de la Corte como cabeza del Poder Judicial”. Al terminar su disertación, respondió preguntas de los asistentes. (Transcripción de la desgrabación de la exposición, el titulado corresponde al editor)
Palabras del Dr. Enrique del Carril
Buenos días, celebro y les agradezco a todos su presencia hoy, porque tenemos un invitado muy especial, el Presidente de nuestra Corte Suprema doctor Ricardo Luis Lorenzetti. En momentos difíciles que se están viviendo para la independencia del Poder Judicial, momentos que este Colegio anticipó al reformarse la Ley del Consejo de la Magistratura, y en medio de estos episodios por todos conocidos, creo que en alguna medida se está poniendo a prueba este nuevo Consejo, y desde el Colegio no lo vemos muy auspicioso.
Pero por lo pronto nos satisface, y queremos felicitar al Presidente de la Corte, porque el alto tribunal respondió en forma mesurada pero firme en defensa de la independencia judicial. En circunstancias difíciles, con casos complejos y delicados que han sensibilizado a la ciudadanía, supo la Corte con unas breves líneas y por consenso de todos sus miembros, claramente defender la independencia del Poder Judicial.
Pensamos que esto, que es la coyuntura, es una buena introducción a lo que nosotros le habíamos pedido al Dr. Lorenzetti que expusiera en este almuerzo. Cuando lo invitamos no conocíamos lo que iba a pasar y lo que sucedió, y le habíamos pedido que nos hable del Tribunal, de cómo está desarrollándose en su trabajo y especialmente de la función que tiene como cabeza del Poder Judicial, en este nuevo esquema constitucional que desde 1994 introdujo el Consejo de la Magistratura para paliar algunos problemas, definiéndose en la Constitución que el Consejo tiene la administración del Poder Judicial, lo que implica que el gobierno del mismo sigue estando en la Corte. Porque así es nuestra tradición, ése es nuestro sistema y eso es lo que todos queremos, que la Corte Suprema asuma como cabeza que es del Poder Judicial, facultades de gobierno de todo el sistema.
Creo que en la Corte comparten este esquema, aunque hay que reconocer que la introducción normativa del Consejo de la Magistratura no ha sido del todo feliz y entonces hay problemas de definición de roles. Sin embargo esta Corte se ha preocupado particularmente por mejorar la eficiencia del sistema, la eficiencia del trabajo de la propia Corte y, como surge de la declaración de ayer, asumir claramente el rol que le cabe en defensa de la independencia de poderes.
Tenemos nuestras inquietudes, y por ello queríamos tener la palabra del Presidente de la Corte, que además tiene la particularidad de haber sido un abogado de activo ejercicio profesional, lo que le confiere una visión de ésta bastante particular, porque la ve no sólo desde la magistratura, sino también desde la abogacía que todos ejercemos. Así que los dejo con el Dr. Ricardo Lorenzetti.
Disertación del Presidente de la CSJN, Dr. Ricardo Luis Lorenzetti
Es un gusto para mí participar de este almuerzo, que me da la oportunidad de conversar con ustedes sobre temas que nos preocupan, temas que nos ocupan y temas sobre los cuales todos nosotros tenemos una gran pasión, porque son aquellos que motivan nuestra vocación, nuestra vida, nuestro trabajo cotidiano. De manera que juntarnos a reflexionar sobre lo que tenemos que hacer para aquello que amamos y que va a beneficiar al país, es algo grato e importante.
No hablaré del pasado, de lo que ha sido la Corte Suprema o de lo que ha sido el Poder Judicial. Todos ustedes tienen una clara conciencia, tienen una experiencia de muchos años, y yo podría agregar muy poco a todo eso. Solamente quiero señalar que todos sabemos cómo nuestras propias individualidades o individualismos, nuestra propia dejadez a veces de los temas públicos, nos ha llevado a una situación realmente difícil.
RECONSTRUCCIÓN INSTITUCIONAL
Y tenemos que empezar una era que yo denominaría de reconstrucción institucional. Hemos tenido una transición, como la ha definido el presidente anterior, el Dr. Petracchi. Creo que ahora es momento de reconstrucción, no podemos vivir siempre en transiciones. Tenemos que construir instituciones estables de una vez por todas, y basadas sobre principios que necesitamos compartir en la medida en que vivimos en sociedad, sea que algunas veces estemos en posiciones de poderío y otras en posiciones de debilidad.
Estos principios tienen que valer estemos de un lado o del otro, por lo cual necesitan estar basados en el consenso, que tal vez es lo que no ha ocurrido durante muchos años, porque las políticas públicas a veces se definen sobre la base de lo que es una creencia de un sector, y cuando ese sector ya no está viene otro, y así cambiamos de políticas de modo pendular y muy perjudicial para la República. Entonces nuestra primera afirmación es que las reformas del futuro tienen que basarse en el consenso. Consenso que nos va a llevar a que cada uno de nosotros no tenga lo que particularmente quisiera tener, pero sí vamos a tener algo que podamos compartir, y éstos son los principios de una sociedad y de instituciones duraderas.
En cuanto a la Corte Suprema, nosotros estamos en un proceso que en definitiva ha tenido una larga precedencia, que como se mencionó aquí, fueron debates que se hicieron entre muchísimas organizaciones no gubernamentales sobre cuál es el papel de la Corte Suprema. Nuestra tarea ahora ya no es diagnosticar, ya no es debatir, sino aplicar las reformas; por eso es que estamos en un proceso de aplicación.
¿HACIA DÓNDE VAMOS?
¿Hacia dónde vamos? La idea es que la Corte debe recibir menos casos y concentrarse en aquéllos que tienen relevancia institucional. Ésta es una idea ampliamente consensuada, pero que ha sido hasta ahora de muy difícil aplicación. Nosotros hemos tomado una posición muy firme, ya el año pasado hemos consensuado sentencias que han restringido la competencia originaria. En otras hemos restringido el acceso de grandes volúmenes de causas previsionales. Ahora estamos discutiendo la circulación interna, aquello que se denomina la logística del tribunal. Y hemos aprobado un reglamento para el recurso extraordinario.
Entendemos que el modelo constitucional argentino, que ha sido siempre el de la Corte Suprema de Estados Unidos, funcione de un modo similar, aunque adaptado a lo que es nuestra realidad. En nuestra Corte tenemos un promedio de 36.000 causas en trámite todos los años, un volumen que excede en mucho las posibilidades del Tribunal. Lo que se ha decidido entonces, y hacia ahí vamos, es establecer un juicio de admisibilidad inicial, cada vez más estricto, de manera que lo que se denomina el rechazo o la inadmisibilidad de las causas se realice en un tiempo sustancialmente más corto.
Lo que ocurría hasta ahora era que cada expediente circulaba por todas la vocalías sin distinción alguna, y esto imponía a veces un tiempo de rechazo (por ejemplo por aplicación del artículo 280) de un año y medio. Actualmente estamos bajando ese tiempo a dos meses y medio, y pensamos que si hubiera un juicio de admisibilidad inicial la Corte podría de entrada rechazar lo que no va a tratar y quedarse con los casos de relevancia institucional conforme a la ley. Y sobre esos casos que naturalmente no podrán llegar a ser 100, 80 ó 60 como ocurre en la Corte de los Estados Unidos, sino que tendrán que ser bastantes más, (luego daré las razones de esto), sobre esos casos la Corte puede seleccionar a su vez los que tienen relevancia institucional, y en ellos abrir debates públicos.
Llamo de relevancia institucional a los casos en los que el interés excede al de las partes, y la comunidad está involucrada. Por lo tanto es necesario que existan debates en los cuales se introduzca la oralidad y allí veamos a la Corte y a los abogados en acción, argumentando públicamente sobre cuestiones complejas. Si la comunidad conoce estos debates, habrá un efecto no sólo en cuanto a la mejora de nuestra imagen, sino también en cuanto a la educación pública, porque los argentinos iremos aprendiendo que todos los temas son complejos, que las cuestiones no son tan dramáticamente basadas en una oposición, de ganar uno o ganar el otro. El equilibrio, la ponderación es el método de la solución de casos complejos. Estas audiencias públicas pueden tener ese efecto, nosotros estamos empeñados en que este camino se recorra con firmeza y que en un tiempo prudencial podamos decir que la Corte está ya con un perfil mucho más claro del que ha tenido a lo largo de su historia, donde nunca pudo realizar esto como lo han entendido la doctrina y las organizaciones no gubernamentales que han trabajado en el tema.
LA RELACIÓN DE LA CORTE CON EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Insisto en que nuestra Corte no puede tener tan pocos casos. Porque según la práctica social y abogadil de Estados Unidos la gente se sorprende cuando la Corte selecciona un caso. No tiene la expectativa de que la Corte Suprema considere el caso. Entre nosotros ocurre exactamente lo contrario, tanto la comunidad como los abogados tienen la expectativa de que la Corte tome el caso, y se sorprenden cuando no lo hace. Y esto tiene razones que no podemos ignorar, relacionadas con la organización del Poder Judicial en la Argentina, con su historia, con la doctrina de la arbitrariedad, con la función casatoria que podría o no hacer la Corte. Por eso es que en este tema en particular es interesante debatir -estamos tratando de pensar unas Jornadas con la colaboración también de FORES- hasta qué medida debe hacerse un proceso de selección de casos, cuáles deben ser los límites de la arbitrariedad y si debe haber o no una casación realizada por la Corte en este campo. Son temas de enorme trascendencia para la abogacía y para la comunidad.
Pero el perfil que debe tener la Corte está ya definido en sus lineamientos y estamos avanzando día a día en decisiones que nos llevan a ese destino. De manera que quiero darles este mensaje muy claro, que nuestra voluntad está encaminada hacia ese puerto y es previsible que lo alcancemos en un tiempo prudencial. No vamos a cambiar el rumbo, porque creemos que esto sí tiene una base de consenso en todos los que han trabajado en el tema.
Las relaciones de la Corte con el Consejo que aquí se han mencionado, también son motivo de gran preocupación, porque el Consejo es el ‘pulmón’ del Poder Judicial, en la medida en que selecciona los jueces, administra los recursos y además realiza las acusaciones. Pensemos también que el Consejo de la Nación tiene su reflejo en todos los Consejos de la Magistratura provinciales. Pero este sistema que es híbrido, que es casi una anomalía dentro del diseño constitucional argentino, existe en la realidad y tenemos que convivir con él, salvo una reforma sustancial que hoy no es previsible.
Con este criterio realista lo que hemos hecho es comenzar a dialogar y tratar de ir marcando cuáles son las áreas que tiene la Corte. La Corte está empeñada en afirmar y ejercer el gobierno del Poder Judicial. Esto significa que todos los actos de relacionamiento con los otros poderes son competencia de la Corte; significa que la superintendencia la realiza la Corte, que la política salarial la realiza la Corte, que la protección de las instituciones vinculadas al Poder Judicial también es tarea de la Corte. En este tema hemos avanzado con firmeza, hemos dialogado, hemos tratado de definir cuestiones muy específicas con el Consejo y hasta ahora venimos por el buen camino, aunque no descarto que existan conflictos, porque es natural. Lo importante, repito, es que no olvidemos que la Corte tiene la clara misión de ejercer el gobierno del Poder Judicial, y en esto creo que si así lo entendemos todos los miembros del sistema, incluidos los abogados que son parte importante de él, vamos a poder ejercer con firmeza este papel. Es muy importante que nos demos cuenta de la relevancia que tiene el Consejo de la Magistratura, más allá de lo que opinemos sobre las reformas legislativas. Pero si queremos buenos jueces, jueces independientes, debemos prestar mucha atención a cómo son seleccionados. Y por otra parte, si queremos tener garantía de que los jueces van a ser imparciales, debemos prestar mucha atención a los modos directos o indirectos en que pueden ser presionados o afectadas estas garantías, y esto tiene que ver con una mirada cada vez más pública sobre la actuación del Consejo de la Magistratura. Esta es una cuestión que nosotros también estamos planteando y afirmamos que la comunidad debe participar en esta idea, que nos parece decisiva.
Estamos tratando de acordar cuestiones importantes con el Consejo y creo que vamos bien en ese lineamiento. Pero es la nuestra una relación que siempre va a tener sus altibajos, los ha tenido en el pasado y los puede llegar a tener en el futuro. Porque el diseño constitucional en sí mismo es difícil, es un híbrido como dije antes, y así como está, la Corte seguirá con sus lineamientos mientras sabemos bien que muchos Consejeros no piensan del mismo modo.
Hasta ahora venimos dialogando y no hemos tenido conflictos serios. Lo que quiero transmitirles es nuestra voluntad de ejercer el gobierno del Poder Judicial como corresponde. Y en este sentido les menciono un tercer aspecto: que el gobierno del Poder Judicial es sobre todo el país, por lo cual vamos a continuar con esta política de las Conferencias Nacionales de Jueces, que fueron un instrumento muy útil en los Estados Unidos en una época de gran crisis y que entre nosotros lo está siendo también. La primera Conferencia, que se hizo en Santa Fe y reunió a la Corte Suprema de la Nación, a todas las Cortes provinciales, a la justicia federal, y también al Consejo, resolvió los siguientes tres puntos:
El primero fue la Comisión de Independencia Judicial, que ya está funcionando. Es importante señalar que aquí están presentes Ministros de la Corte, representantes de la Asociación de Magistrados, de la Junta Federal de Cortes y de la Federación; es decir, la dirigencia del Poder Judicial. Esta Comisión defiende la institucionalidad.
La segunda propuesta fue la creación de un Centro de Prensa, que ya está formado y el próximo 18 de abril tendrá su presentación pública. Ahí hemos ampliado la cantidad de voceros, hemos incorporado a gente profesional que aportaron la UBA, la Asociación de Magistrados y la Junta Federal de Cortes. Hemos hecho un convenio con ADEPA y un convenio con los medios televisivos. Estamos tratando ahora de hacer un listado de profesionales que puedan opinar sobre temas de derecho, porque los medios nos brindan ese espacio. Es muy importante la participación de los juristas y de la abogacía en el discurso público. Cuando haya una sentencia judicial, que opinen juristas. Estamos invitando a todos aquellos que deseen participar en este espacio, para que tengamos más presencia en los debates públicos sobre decisiones judiciales. Porque se trata de que la gente entienda las razones por las cuales los jueces toman determinadas decisiones. Como queda dicho, este Centro de Prensa ya está instrumentado, tiene voceros en todo el país, y se inaugura el próximo 18 de abril.
Y la tercera propuesta es un Centro de Información Judicial, que también ya está constituido, que inicialmente va a funcionar a través de una nueva página Web del Poder Judicial de la Nación, con una parte de acceso público, que tendrá toda la información acerca de los tribunales, mapas judiciales, etc.; todo lo que es previsible que contenga una página de acceso público. Y además tendrá una sección de acceso para los jueces, donde cada uno de ellos tendrá una clave para poder comunicarse entre sí.
Y aquí nosotros les vamos a brindar asistencia, porque recuerdo las primeras reuniones que hemos hecho con algunos de los presentes, donde hablamos de mejorar el acceso que los jueces puedan tener a información, y éste es un buen medio. Vamos a evacuar consultas de los jueces sobre los casos que tengan, darles bibliografía, precedentes; toda una red on-line de jueces.
Además vamos a hacer foros de discusión de los jueces para que puedan, poco a poco, como política de mediano y largo plazo, ir haciendo sus propias guías judiciales de actuación, su propio restatement sobre cómo deben decidirse determinadas cuestiones. Así se podría crear un marco mucho mayor de previsibilidad que el que tenemos. Por eso también está previsto organizar una sesión de miembros del American Law Institute en la Argentina, muchos de ellos van a aportar a la actividad judicial, para que se difunda esta idea de que los jueces puedan establecer grandes lineamientos sobre los temas que tienen que decidir. Vamos a ver si los entusiasmamos, pero esto es lo que habría que hacer para que poco a poco existan reglas previsibles sobre las cuales los jueces tengan que fallar.
LA CONFERENCIA NACIONAL DE JUECES
En la próxima Conferencia Nacional de Jueces se han de anunciar estos tres proyectos que han sido concretados, y la Conferencia va a estar enfocada en la gestión. Esto es importante, que la Asociación de Magistrados, la Junta Federal de Cortes, la FAM y nosotros, nos hayamos puesto de acuerdo en que el tema central de la justicia es la gestión. No es poco logro, si lo comparamos con lo registrado en nuestra historia.
Ahí queremos discutir cómo se puede disminuir el incremento de la litigiosidad. La justicia está enfocada en el temario como servicio, es decir, cómo es la demanda de justicia, cuáles son los mecanismos que tenemos para disminuir la litigiosidad. Pensamos que se pueden hacer propuestas sobre esta necesaria disminución, en muchos campos. Luego los procesos, cómo son gestionados y ver si es posible que tengamos planes nacionales de calidad de gestión y de informatización. Éste es un asunto que estamos ahora ‘negociando’ con el Consejo: si ellos van a admitir que nosotros anunciemos un Plan Nacional de Informatización.
Además éstas van a ser jornadas preparatorias en todo el país, para que los jueces empiecen a entusiasmarse con la gestión. Se están dando resultados, porque además de los casos que ya se conocen, ahora va a haber unas jornadas de un fuero sobre gestión. Lo importante es instalar el tema, y que el Poder Judicial empiece un proceso de cambio, que no ha de ser rápido, pero sí pensamos que ha de ser constante y sobre todo bien direccionado, porque la gestión es el tema central para que ustedes los abogados, y los ciudadanos, reciban una justicia en un tiempo razonable.
De manera que éstos son los tres temas más importantes que estamos trabajando en la práctica cotidiana. Organizar la Corte, establecer unas buenas relaciones con el Consejo, y proponer políticas de estado sobre el Poder Judicial.
EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES
En lo demás, pienso que todos tenemos en claro que la Argentina vive hoy un momento extraordinario desde el punto de vista económico y que esto, como ha ocurrido en otros grandes períodos históricos, debe ser respaldado por un crecimiento igualmente importante de las instituciones, para que sea perdurable en el tiempo.
El deber de todos aquellos que integramos el Poder Judicial, y con ello me refiero también a los abogados, es fortalecer estas instituciones. Porque la República tiene una oportunidad económica e institucional. Hacer que se entienda así es nuestro deber, participar en este proceso también; no considerar que es algo ajeno. Ninguno de estos cambios que he mencionado, ni los muchos otros que hay que hacer en el país se pueden lograr con la acción individual; son procesos colectivos y de amplísima participación. Cuando uno mira el paisaje de lo que es el mundo judicial, lo ve tan extenso, tan variado, que ninguna persona puede razonablemente pensar que los cambios puede hacerlos de por sí.
Tenemos que cambiar el proceso penal. Si hay algo que los jueces, los abogados y la gente entendemos que no anda bien, es el proceso penal. Tenemos que cambiar también el proceso laboral, y el proceso de familia, y la justicia comercial. Es abrumador. Por eso insisto en que nuestra gran misión ahora es decir: todo lo que se ha diagnosticado, y que sabemos que está mal y que debe ser corregido, ahora tenemos que llevarlo adelante. Esto no es poco, porque siempre hemos pensado -y me incluyo- que estábamos trabajando haciendo diagnósticos para tareas que nunca se llevarían a cabo. Éste es casi un drama de la historia argentina, trabajar en comisiones de reforma de leyes o de la justicia, para que después queden archivados los proyectos.
Lo importante es que en la Corte tenemos la voluntad de completar la reforma, de hacerlo con la mayor seriedad, de avanzar en los campos posibles. Pero también debemos confesarles humildemente que esto no lo podemos hacer solos. No lo puede hacer el Presidente de la Corte, ni los Ministros de la Corte, ni nadie; éste es un proceso social que debe involucrar a todos; que debe involucrarlos a ustedes y que debemos entenderlo así. Una activa participación detrás de estos grandes lineamientos, que no son para nada desconocidos, son discutidos y acordados. Lo que hemos dicho del mundo académico y profesional, siempre lo hemos compartido, pero es hora de llevarlo adelante. Nosotros tenemos una gran esperanza de que todos se entusiasmen y nos acompañen. Muchas gracias.
Preguntas presentadas al Dr. Lorenzetti
-Más allá del fundamento técnico, ¿ha evaluado la Corte el impacto sobre la inversión que pudiera tener restringir la competencia originaria del Tribunal en aspectos tales como la responsabilidad del estado y la materia impositiva?
-La pregunta presupone que si la Corte no interviene en esos temas, los otros tribunales actuantes no garantizan la seguridad jurídica. Ésta es una cuestión difícil que la hemos discutido en muchas oportunidades, porque es un tema complejo en la Argentina. De todas maneras, nosotros vemos que si la Corte -para solucionar el déficit de los tribunales que presuntamente no dictan sentencias adecuadas- asume para sí todas las competencias, llega un momento en que se satura.
Es más o menos lo que ocurre en la educación: la primaria no funciona bien, vamos a la secundaria, a la terciaria, al postgrado, luego al post-postgrado. Y el problema no se soluciona, sino que se traslada. La Corte puede asumir todas las competencias, pero eso tiene un límite. Nosotros estamos diciendo que debemos ir a las causas, si los tribunales no funcionan bien, hay que hacer que funcionen bien.
Por eso es que hemos reducido en estos temas que se han planteado nuestra competencia originaria, no la competencia apelada. Siempre se va a llegar a la Corte por la vía del recurso en temas que pueden ser trascendentes en estos campos, que puedan afectar las inversiones. Donde hay malos tribunales hay que cambiarlos, hay que mejorarlos. Por eso estamos diciendo que como política de estado lo correcto es que la Corte entienda por una competencia apelada, y los tribunales estén mejor controlados. Por eso estamos diciendo que hay que vigilar mucho el proceso de selección de jueces y el proceso de acusación, y también colaborar en la calidad. Este Centro de Información Judicial que les comenté pretende que los jueces se reúnan periódicamente, y ahí necesitamos una gran participación de las ONGs para que ayuden a mejorar dicha calidad.
Pero es un momento en que hay que plantearse las políticas de fondo. Esta competencia tan grande de la Corte es casi una solución superficial, porque en el fondo el problema sigue igual. Y una cosa que puede llamarles la atención es que cuando se analiza el recurso de arbitrariedad, la gran mayoría de los casos provienen de tribunales que se supone son los mejores del país. Ése es otro aspecto a cuidar: qué es arbitrariedad, qué es casación, qué es querer imponer los criterios propios por sobre el criterio de los demás tribunales. Por eso creemos que en este punto también es bueno debatir, ir clarificando las ideas.
-Tenemos dos preguntas que se refieren al mismo tema:
1) Las grietas en la independencia del Poder Judicial afectan especialmente los pronunciamientos en los casos en que el estado nacional o los estados provinciales son parte. La intervención de la Corte o la posibilidad de su intervención tiene siempre un efecto positivo sobre esta patología. En tanto la Corte limite su competencia ese efecto va a disminuir, ¿comparte este punto de vista? y
2) Si la Corte va a entender en menos causas, ¿cómo se limitarán las arbitrariedades de las justicias provinciales?
-Es el gran tema que venimos discutiendo: cuál es el punto de equilibrio. Nosotros no podemos sostener un escenario en el que haya 36.000 causas; tampoco podemos pasar a un escenario con 100 causas. Podemos hacer un cambio gradual e ir testeando, yendo desde las 36.000 hasta las menos posibles, que es lo razonable. Pero al mismo tiempo tenemos que plantear una política de mejora de los tribunales, y hay que dar este debate en la Argentina. Porque hablamos mucho de algunos tribunales, y muy poco de las provincias, y ahí nosotros estamos yendo, estamos denunciando, la Comisión de Independencia Judicial está mostrando el panorama de lo que sucede en las provincias. A este problema hay que nacionalizarlo, las provincias argentinas deben tener instituciones de igual calidad que la nación, y éstas tienen que mejorar. Es todo un proceso y tenemos que enfrentarlo. Lo que no debemos hacer es arruinar algo para mejorar otra cosa, que tampoco se mejora.
-¿Considera necesario formular normas de ética para los magistrados judiciales?
-Es necesario, estamos trabajando en un Código de Ética, y se está tratando de superar algunas objeciones, principalmente la existencia de sanciones frente a la ética. En esas sanciones existe un proceso y un jurado, integrado por miembros ajenos al Poder Judicial. Ya los jueces tienen bastantes problemas con personas que opinan desde afuera y que terminan condicionándolos. Aquí lo que debe cuidarse es preservar la independencia. Por eso es que hoy prevalecen los códigos de principios, no de reglas. Pero en definitiva sí, estamos con esa idea.
-¿Por qué las normas sobre publicidad de las declaraciones juradas de los jueces son más restrictivas que las que se aplican a funcionarios del PEN bajo la misma Ley de Ética en la función pública?
-Las declaraciones juradas de los jueces pueden ser solicitadas por cualquier persona, siempre que acredite un interés, que es lo que dice la Ley de Ética Pública. Nosotros en ese punto nos hemos sujetado a una reglamentación que hizo el Consejo, que estuvo a su vez basada en la ley mencionada. No hay ahora mucho inconveniente con este asunto.
El requisito del interés es importante, porque de lo contrario se cae en el otro extremo. Cuando abrimos las puertas a la información, también está el riesgo del exceso. Hay gente que pide por pedir, para publicarlo en el diario, para criticar, etc. Tiene que haber un cierto límite, porque los jueces se ven presionados. Hay que buscar un equilibrio entre la necesidad de la transparencia y el evitar presiones a los jueces.
-¿Cree usted que el arbitraje es un sustituto que podría, previa su promoción, coadyuvar en la tarea de administración de justicia, la Corte lo contempla, en qué forma?. Y en estos tiempos de reforma y con los elementos legales que tenemos, ¿cómo ve usted que a través de una acordada se disponga que los jueces, en todo juicio transable expliquen en la audiencia del 360 inciso 1, los beneficios del arbitraje, invitándolos a designar el tribunal arbitral, respetando la libertad de las partes?
-No veo el arbitraje como modo de solución de conflictos, no es sustitutivo sino complementario. Lo que se vive hoy es una segmentación de los procesos judiciales. Tenemos la idea de que el proceso ordinario sirve para todo y la verdad es que como hoy el proceso de segmentación de productos existe en la economía, también ocurre eso en el orden judicial, un proceso para cada tipo de conflictos. Yo creo que tenemos que asumir que no siempre el mismo modelo para todas las cosas, sino que cada conflicto tiene su modelo más apropiado. Y el arbitraje es muy pertinente en una enorme cantidad de situaciones. ¿Por qué no se ha difundido lo suficiente? Hay áreas en las cuales se ha difundido mucho, en el arbitraje internacional por ejemplo. En el arbitraje comercial hay un proceso importante. Pero creo que ésa es una política de difusión que tienen que realizar las instituciones que administran arbitrajes y el mismo estado. No es un tema de los jueces, porque no podrían hacerlo y además no es bueno que lo hagan.
Nosotros vamos a incluir este tema en la Conferencia Nacional de septiembre, y haremos una declaración instando a que se instrumenten muchos otros mecanismos. El arbitraje es uno importante, pero además están los mecanismos de negociación, de mediación, de autocomposición. Y facilitar, porque muchos acuerdos se vuelven litigiosos porque los jueces los ven así. Hay aquí una cultura que cambiar, acerca de que existen áreas donde los acuerdos se hacen, y funcionan y ya no hay nada que discutir. Son temas de cultura jurídica, que hay que ir abriendo los debates y que la gente los vaya entendiendo. Por más que nosotros intentemos otras vías, si no los entienden no funciona; el derecho tiene mucho que ver con las costumbres. Hay que ir instalando costumbres, me parece que el arbitraje es una buena costumbre y nosotros vamos a respaldarlo en todo lo que podamos. Pero es una política que tiene que ser también legislada, tiene que haber difusión por parte del Poder Ejecutivo, de las instituciones que nos administran.
- Hay dos preguntas que se refieren a la importancia de los precedentes: 1) ¿Cómo compatibiliza la decisión de estudiar menos causas con el hecho de que, a diferencia de Estados Unidos, los fallos no son de cumplimiento obligatorio para instancias inferiores?;
2) Considerando que la Corte es la cabeza del Poder Judicial ¿es posible que se alcance un consenso judicial sobre la variedad de interpretación del fallo “Massa” y en especial sentencias de primera instancia y procesos de liquidación, por ejemplo el caso de La Plata?
-En el derecho vigente los fallos de la Corte no son legalmente obligatorios; tienen una autoridad institucional, y sobre esta base estamos trabajando. Nosotros en Massa hemos procurado que la estructura interna del fallo genere un seguimiento en los tribunales. Porque en fallos anteriores las disidencias internas del propio fallo alimentaban que los tribunales de grado no lo siguieran. Acá hay un primer paso, que es procurar que en las grandes decisiones de la Corte exista por lo menos una mayoría clara y coincidente. En esto hemos avanzado bastante, nos cuesta muchísimo esfuerzo, porque todos tenemos opiniones diferentes sobre cualquier tema, no sólo en el fondo sino en la redacción, con más razón en una sentencia. Nuestras últimas sentencias de gran impacto tienen, por lo menos, una base única.
En el caso Massa el seguimiento fue absolutamente mayoritario, casi total. El único fallo que salió en disidencia fue el de La Plata, en realidad una rara avis, porque es una Sala donde votaron dos, y el que votó es un abogado que fue llamado para votar y el que adhirió hizo simplemente una adhesión. Pero no tiene relevancia ninguna, casi todas las Cámaras del país lo siguieron. Eso es un buen avance. Y en los fallos posteriores también hay un altísimo grado de seguimiento.
El seguimiento como hoy está previsto, es una cuestión de que los fallos tengan claridad en el holding, sean bien respaldados por una opinión importante de ministros y luego sea un precedente sostenido en el tiempo. Si esto ocurre, los fallos van a ser seguidos. De hecho hoy esto ha cambiado muchísimo, nosotros estamos monitoreando este proceso.
De leges ferenda, nosotros enviamos una propuesta para que los fallos de la Corte, cuando ésta lo vea necesario, tengan un efecto casatorio. Esto es importante, porque en lugar de tener tanta cantidad de causas, lo ideal sería que la Corte pueda dictar un fallo aplicable a muchas causas. Éste es un artículo de una ley que está en el Congreso; hace quince días tuve una reunión con los senadores, se lo presenté, se lo expliqué, y veamos qué hacen. Esto solucionaría muchísimos problemas, porque si en lugar de que legítimamente el litigante va a la Corte porque no lo conforman estos tribunales, o hay disparidad de criterios, o cambian la jurisprudencia, en lugar de que vayan 10.000 si la Corte pudiera dictar una sentencia con efectos obligatorios, no habría tanta litigiosidad y cumpliríamos una función similar.
-¿Qué medidas podría impulsar la Corte para mejorar la calidad de los jueces que no selecciona?
-Ustedes saben que la Escuela Judicial está en manos del Consejo de la Magistratura, nacional y provinciales. Ahí es donde hay que trabajar e insistir, nosotros no tenemos competencia sobre esto. Lo que sí podemos hacer es lo que les mencionaba antes, un modo indirecto de ver si los entusiasmamos a los jueces para que se reúnan y discutan problemas, como se hace en el derecho inglés, donde los jueces consideran dos o más modos razonables para resolver una cuestión; eso se escribe y es una guía. Y si se reúnen diez veces durante diez años, ya van teniendo un cuerpo de guías que publican, y a lo largo del tiempo llega a haber guías de actuación judicial. Además, si son públicas también las tienen los abogados y los litigantes. Ese es un derecho previsible, pero nosotros no tenemos tal práctica, podemos tratar de activar un proceso en ese sentido. La realidad es que la formación de los jueces hoy está en manos del Consejo, y la Escuela Judicial hasta ahora no ha funcionado, hay que decirlo con toda claridad, no ha dado los resultados que se esperaban. Por eso yo insisto en que se deben debatir estas cuestiones de modo público: ¿qué se va a hacer con esa Escuela Judicial? ¿Se la va a redimensionar, va a ser nacional, provincial? Sin embargo, este tema vital está fuera de nuestra área de competencia.
-¿Se prevé tener un criterio más restrictivo respecto de la concesión del beneficio de litigar sin gastos?
-Eso depende de cada tribunal; si se pregunta lo que pasa en la Corte sí, hemos tenido bastantes más restricciones. Pero cada caso depende del tribunal.
-En 1922 la Corte Suprema inauguró un ciclo en su jurisprudencia, al introducir la doctrina de la emergencia. ¿Terminará este ciclo en el futuro próximo?
-No sabemos si van a terminar las emergencias en el país, porque eso depende mucho de las políticas públicas, de los comportamientos de los argentinos y de las dirigencias. Nosotros deseamos que se terminen, y si ustedes leen detenidamente los fallos en los cuales hemos puesto punto final a algunas de las cuestiones de las emergencias, en todos ellos hemos ido aumentando la cuestión del rigor. Hemos dicho primero que nuestra Corte ha sido muy tolerante durante muchísimos años a las políticas de emergencia. Le hemos dicho que cambiar ahora el precedente, si sobre esa base se definieron políticas públicas no lo podemos cambiar con retroactividad, pero estamos diciendo que esto no puede seguir así. Lo hemos dicho en Massa, lo hemos dicho en la causa Rinaldi de hipotecas, y lo hemos dicho también en la causa Depósitos Judiciales. Y hemos tenido una interpretación restrictiva de la emergencia, porque en depósitos judiciales directamente no la aplicamos, y en hipotecas por lo menos varios ministros dijimos que “si el fundamento en este caso particular, no en las hipotecas comunes donde se deberán proteger los contratos, sino en este caso particular donde también hay una norma implicada de constitucionalidad, etc.” ; es decir si hay fundamentos de derecho común y constitucional defendibles, es constitucional, no por la emergencia.
Por supuesto hay que tener cuidado con lo institucional, porque las consecuencias de cualquier decisión son muy graves y uno puede terminar incrementando una litigiosidad, abriendo campos de litigio sobre temas que están cerrados. Principalmente en el campo empresario, porque si nosotros quebráramos la regla de la pesificación en general, abriríamos un campo inmenso de litigios que está cerrado, por acuerdo de partes.
Así que poco a poco hemos ido tratando de mostrar que éste es el punto final, y que la emergencia tiene que ser una situación excepcional y no una regla. Éste es nuestro deseo, es la posición de la Corte, esperemos que no tengamos necesidad de decirlo nuevamente.
Palabras de cierre del Dr. Del Carril
No tenemos más preguntas, y mucho le agradecemos al Dr. Lorenzetti haber estado con nosotros en este almuerzo, y haber respondido con toda apertura las inquietudes que le hemos presentado. Y le decimos que nuestro Colegio se pone a su disposición, que nuestros socios vienen trabajando desde hace mucho tiempo en comisiones especiales, y en todas las tareas referidas al funcionamiento del Poder Judicial, y que por lo tanto queremos poner a disposición nuestra Institución. Y esto es un llamado a todos los que nos están escuchando, en cuanto a que necesitamos que los socios se acerquen a las comisiones, y estén dispuestos a trabajar para que podamos brindarle a la Corte la posibilidad de contar con juristas de prestigio en las distintas ramas, que puedan ayudar y colaborar en interpretar fallos o hacer un seguimiento que creo que van a ser positivos para todos. Sobre todo con vistas al anuncio que nos hace el Dr. Lorenzetti de la creación de una oficina de relación con los medios.
Le agradezco mucho Dr. Lorenzetti en nombre de la Institución y de todos los socios. |
