6 de septiembre- Jornada: LA DESIGNACIÓN DE LOS JUECES-PLIEGOS AL SENADO
El 6 de septiembre tuvo lugar la jornada “La designación de Jueces, pliegos al Senado”,
Las palabras de apertura estuvieron a cargo del Presidente del Colegio, doctor Raúl Aguirre Saravia.
Contó con 2 paneles: Panel Político conformado por el Senador Gerardo Morales, los doctores Alejandro Fargosi y Ricardo Recondo, actuando como coordinador el periodista Adrián Ventura .
El Panel Sociedad Civil compuesto por los doctores Marcelo de Jesús, Hugo Wortman Jofré y Alberto Bianchi y fue coordinador el periodista Juan Cruz Sanz.
Palabras del Dr. Raúl Aguirre Saravia
Muchas gracias por acompañarnos. Nuestra institución tiene, entre otros propósitos, velar por el mejoramiento del Poder Judicial, por su independencia como poder del Estado, por el progreso de la administración de justicia y de la legislación.
El Directorio que hoy me toca presidir vio con preocupación el envío que hizo el Poder Ejecutivo al Senado de 92 pliegos en el mes de julio: 83 jueces nacionales, 7 fiscales y 2 defensores oficiales. La Presidenta no hizo sin embargo ninguna referencia al reclamo del Dr. Lorenzetti, titular de la Corte Suprema, ni a la crítica de otros partidos políticos, ni a las observaciones realizadas por las organizaciones de la abogacía, de la magistratura o de la prensa, acerca de la demora respecto de las 146 vacantes que esperaban su decisión, 67 de las cuales hacía más de un año que estaban en su poder.
El balance de esa realidad ciertamente es inquietante, no sólo porque pone de relieve la peyorativa consideración que desde este gobierno se da al Poder Judicial, sino porque además la decisión confirma la concepción funcional a sus propios intereses que pretende asignarse al mismo. En ese sentido llama a suspicacia el abrupto impulso dado a esta cuestión desde el Ejecutivo. Cabe preguntarse si acaso la motivación de tal proceder encuentra su respuesta en cuestiones más pueriles vinculadas al tiempo electoral que transita nuestra nación, y con ello a la inminencia de la renovación del tercio de la actual composición de la Cámara alta, sujeta al resultado de la contienda electoral en el mes de octubre próximo.
La designación de magistrados en nuestra República ha sido concebida como un acto de gobierno de naturaleza compleja. La intervención en ese proceso de diferentes órganos de la constitución nacional, define una arquitectura institucional orientada a reconocer, no sólo la aptitud técnica, moral, la independencia de criterio de los jueces a designar, sino que también busca dotar al procedimiento de la transparencia, que permita la adecuada tramitación y ponderación a cada etapa. Al demorar el Ejecutivo el envío de pliegos al Senado, interrumpió la secuencia lógica de esa gestión de gobierno y provoca ahora, por error o deliberadamente, un congestionamiento en la Cámara alta, que parecería una metodología de rápido e inopinado trámite en su tratamiento parlamentario.
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ha organizado esta Jornada para analizar el proceso de la designación de jueces desde distintas ópticas, y sobre todo para tratar de evitar que en un futuro ocurra lo que ha pasado en este último envío de pliegos al Senado. Para eso hemos invitado ―y les agradecemos la asistencia― al senador por Jujuy Gerardo Morales, quien además integra la Comisión de Acuerdos del Senado; al Dr. Ricardo Recondo, quien fue Presidente de la Asociación de Magistrados y actualmente integra el Consejo de la Magistratura por los jueces, y al Dr. Alejandro Fargosi, socio del Colegio, actualmente miembro del Consejo de la Magistratura. Actuará como moderador en esta primera Mesa el Dr. Adrián Ventura, del Diario La Nación.
Panel Político
Intervención del Dr. Alejandro Fargosi
Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Es un tema tan interesante que bien justifica la presencia de los que estamos en el Consejo. La realidad es que tengo un hobby y tengo un trabajo; mi hobby es la historia, y mi trabajo es el Consejo de la Magistratura, por ende lo tomo, a diferencia de mi hobby, no como un análisis del pasado sino como un trabajo hacia el futuro. Es una especie de obsesión, preocuparme por qué pasa hoy y mañana, mientras que en momentos de ocio me dedico a pensar qué pasó ayer o hace doscientos años. Así que el por qué se ha llegado hasta esta situación es algo que dejo para otro, no es mi vocación analizarlo. Porque creo que uno de nuestros graves lapsus jurídico-políticos es no poder encontrar un idioma en común con lo que podemos llamar sub-cuarenta, es decir, la gente que por su edad no solamente no vivió épocas que nosotros sí tuvimos que transitar y sobrevivir, sino que además les preocupa qué va a pasar mañana, no qué pasó ayer.
Lo que va a pasar mañana creo que, sin pecar de iluso, es necesariamente positivo, porque la existencia del Consejo de la Magistratura como tal, más allá de las críticas que se le han formulado desde un punto de vista teórico, es algo bueno. Sobre todo por ejemplo en lo que hace a la materia judicial, que antes estaba librado a la relación de amistad con el ministro de justicia o con algún político del partido gobernante, a la voluntad del presidente que enviaba la propuesta y a la repercusión que pudiese tener en el Senado, cuando se trataba de un gobierno constitucional, o en el mismo Ejecutivo, cuando era un gobierno de facto. Hoy en día, el trámite en el Consejo ―que siempre es perfectible― es bueno. Pudiéramos hacer ejercicios de autoflagelación y plantearnos críticas, pero no solamente es bueno, sino que va avanzando día a día en cuanto a su calidad. Ejemplo, el trámite que era originalmente solo de un examen escrito y de una entrevista, ha de incluir dentro de poco un examen oral. Por otra parte, el análisis típicamente abogadil de examen de grado está siendo replanteado conceptualmente, y además la cantidad de expedientes tramitados está avanzando en la medida en que se consigue promover la participación de jurados, algo que no es fácil.
¿A qué me refiero con examen de grado, que tiene mucho que ver con lo que los abogados tenemos como deformación? Los abogados padecemos la deformación de creernos en condiciones de hacernos cargo más o menos de todo, incluyendo la organización de métodos, sistemas, personal, contabilidad, etc. Y por eso, cuando hacemos análisis de capacitación para cargos, remedamos el ejercicio de la docencia universitaria, y tendemos a hacer análisis de derecho, cuando no deben ser análisis de derecho exclusivamente lo que nos conduzca a la selección de candidatos para una terna. Porque ser juez es bastante más que saber derecho: por de pronto es tener buen sentido, tener capacidad de organización, saber distribuir el trabajo, tener sentido práctico, hasta tener percepción política, porque el derecho y la política (en el mejor de los sentidos) necesariamente van de la mano.
Con lo cual el perfeccionamiento de la reglamentación y de la práctica, sobre todo en el proceso de selección de jueces, es algo que se va a dar con el tiempo, no en lo inmediato. Depende de la confluencia de varios factores, tenemos el Plenario del Consejo de la Magistratura en cuanto tal, trece personas de distinta extracción, que tienen distintos intereses (lo cual está bien): en el gobierno, fuera del gobierno, en la judicatura, en la abogacía, en la academia. Intereses que a su vez se “maridan” con la Comisión de Selección, que tiene importantes funciones dentro del Consejo, la cual está integrada, inconstitucionalmente, por todos menos por los abogados, quienes tenemos una especie de capitis diminutio. Porque la ley presume que somos inaptos para la Comisión de Selección pero aptos para votar la terna final, lo cual es una contradicción curiosa, probablemente una causal de arbitrariedad si lo analizara la Corte algún día. Lo cierto es que ese funcionamiento está enriquecido a su vez por algo que funciona muy bien en el Consejo, que es la Escuela de la Magistratura.
Hoy en día estamos en un estadio de consolidación institucional, por eso soy optimista hacia el futuro. Días pasados estaba escuchando una conferencia en la que se hacía mérito de que para los anglosajones, las instituciones no son solamente las estructuras legalmente previstas, sino las costumbres consolidadas. Las costumbres consolidadas son instituciones, eso es lo que a nosotros nos falta en general, pero particularmente en el Consejo, que con menos de veinte años de existencia, tiene instituciones que no se han consolidado, digamos la forma de tomar los exámenes, la forma de seleccionar a los candidatos, la forma de convivencia entre mayorías y minorías; son todos aspectos difíciles de concretar pero que van a ir funcionando, estoy convencido de eso.
La manera como está armado el sistema es que se abre un concurso, se convoca a los candidatos que deben presentar sus antecedentes tanto profesionales como académicos, como racionales, en la medida en deben explicar para qué quieren el cargo al que aspiran. Se analizan esos antecedentes, se toma una prueba escrita de oposición, se toma una prueba oral de oposición, se los entrevista. En base a eso la Comisión emite un dictamen que es enviado al Plenario; el Plenario vuelve a entrevistar a los candidatos seleccionados y puede modificar el orden de méritos y se conforma en definitiva la terna por dos tercios, que es elevada al Poder Ejecutivo para su resolución.
En fin, es un proceso que por cierto se puede ir perfeccionando, y es interesante analizar qué hacer con los antecedentes académicos. Yo de alguna manera tengo una sospecha, y es que estamos sobrevalorando los antecedentes académicos que hasta se pueden volver en contra del funcionamiento de la justicia. Nosotros tenemos un problema sistémico complejo: la justicia está saturada, acá y en Indochina, prácticamente en todo el mundo ella funciona demasiado lentamente, y no creo que nosotros tengamos el récord mundial. Pero uno de los aspectos que curiosamente pudiéramos replantearnos es esa especie de entronización de la actividad académica que no tuvo la Corte en el pasado. En el año 1957 ó 1959 la Corte decidió censurar su propia actividad académica y decidió que sus ministros no fuesen profesores universitarios, porque tienen que dedicarse a sacar los expedientes que los tapan.
Entonces el punto es que si seguimos entronizando la actividad académica en los puntajes para jueces, seguimos generando una especie de sector social que trabaja a medias. Quiero detenerme un poco en esto porque es casi tabú tocar el tema académico (dicté clases en la facultad casi treinta años) y siempre recuerdo una vez que vino un vicedecano de Harvard, que con ese candor y franqueza tan norteamericanos me dijo que observaba que los profesores de acá no son full-time. Asentí a eso y me preguntó: ¿entonces qué es lo que sacrifican, el trabajo o la calidad educacional? Y ahí me empecé a acordar de todos los profesores titulares a los que yo no había conocido, titulares de algo, pero que nunca pisaron las cátedras. Me empecé a acordar de los profesores adjuntos que llegaban corriendo a las clases y se iban corriendo, que no tenían ninguna interacción con los alumnos. Pero si en definitiva el cliente tiene que soportar la ausencia de su abogado en el caso, es un problema del cliente; la pregunta es si no es el momento, en materia judicial, de tomar el toro por las astas y requerir una efectiva y real dedicación plena de los jueces al trabajo que hacen, al menos durante algún tiempo, como hizo la Corte, porque aclaremos que esa acordada se derogó. Y quizás sea también el momento de analizar si el tránsito por la Escuela Judicial ―que es muy buena― no debería ser obligatorio. Hasta ahora es voluntaria, otorga puntaje, pero me pregunto ¿por qué da menos puntos la Escuela Judicial que un doctorado? Son cosas para replantearnos.
Ustedes saben que yo vengo de lo que ampulosamente podríamos llamar “el derecho de las comunicaciones” (que no era la materia más importante) y eso me ha formado una manía, que es replantearme permanentemente los paradigmas. Y me quiero replantear el paradigma de la actividad docente en la justicia, y el paradigma de que en determinado nivel ya no se estudia más: se debe seguir estudiando. La continuing legal education a la que los anglosajones están tan acostumbrados es válida para los abogados, y sobre todo para los jueces y fiscales.
Con las evaluaciones psicofísicas de los candidatos se ha dado un paso enorme en materia de selección de jueces. Uno de los grandes agujeros negros en el llenado de buena parte de nuestra estructura jurídico-política es que no sabemos si estamos designando a alguien sano. Fíjense que la matriculación profesional meramente establece como requisito estar vivo y tener título de abogado. Si mañana renace Hitler y se recibe de abogado, ¡adelante! Hay más de un pseudo-Hitler que está ejerciendo la abogacía. No voy a hacer nombres para evitar una hipótesis de querella. Bueno pues, en materia de designación judicial se prevén exámenes psicofísicos y eso es muy bueno; cuando uno analiza la reglamentación y la práctica, no aparece un resultado demasiado negativo. Ustedes me dirán que pueden haber candidatos mejores; indudablemente, pero primero: ¿estaban ternados?; segundo: ¿mi criterio, por definición, es mejor que el criterio de aquel que eligió? Yo me rebelo contra esa actitud de pensar que la razón sólo está guardada en mi ropero.
El sistema funciona bien y sin duda va a ir funcionando mejor, de eso no me cabe ninguna duda. El asunto es que reuniones como ésta, precisamente tienen que agitar el avispero y hacer que vayamos viendo qué nos parece mal, qué nos parece bien, qué antecedentes se han sobrevaluado, si los exámenes están bien concebidos, si están bien corregidos. Pensemos: ¿quién de nosotros estuvo de acuerdo con todas las notas que recibió en la Facultad? Así que la hipótesis de estar de acuerdo con las evaluaciones del Consejo de la Magistratura es casi imposible. Pero debemos tener la madurez personal e institucional de asumir que en todo proceso calificatorio se produce ese tipo de rispideces. Lo cierto es que estamos saliendo del atolladero, para darles algunas cifras actuales: las vacantes que se hallan para ser llenadas, con ternas en el Poder Ejecutivo son 62 aproximadamente; 90 en tratamiento del Senado; en trámite en el Consejo de la Magistratura 38 y para iniciar concurso, 63. Yo calculo que en poco tiempo, uno o dos años, por lo menos el Consejo va a poder salir de las vacantes que tiene que llenar. Lo que está muy claro es que debe incrementarse la cantidad de jueces y acelerarse el trámite de los concursos. Nada más por ahora, gracias.
Intervención del Dr. Ricardo Recondo
Yo quisiera enfocar el tema desde el aspecto del nombramiento de los jueces, porque creo que todos confiamos que si en algún momento tuviéramos necesidad de recurrir a la justicia, nos encontraremos con un fallo equilibrado e imparcial, nos dé o no la razón, y además quisiéramos una decisión rápida.
El Pacto de San José de Costa Rica, creo que en el artículo 8º, dice que toda persona tiene derecho a ser juzgada por un juez imparcial e independiente. O sea que esta no es una garantía de los jueces, es una garantía de las personas, y esto es lo más difícil de conseguir. Nuestra estructura constitucional, en imitación del sistema constitucional norteamericano, establece la existencia de tres poderes y el contrabalanceo de ellos. La gente piensa que la principal función del juez es ejercer su actividad jurisdiccional de acuerdo a la competencia que tiene asignada: si es un juez civil, o comercial, o penal se ocupa de ello.
Sin embargo, la función más importante que el sistema constitucional le adjudica a los jueces es el de controlar a los otros dos poderes del Estado, y el control que nos ha asignado la Constitución a los tribunales es lo que se llama el control difuso de constitucionalidad. O sea que cada juez puede, al momento de resolver cuestiones, analizar si los hechos planteados o los actos administrativos, o leyes o reglamentos o decretos, se ajustan a la Constitución Nacional. Esto le da un enorme poder a los jueces, pero también sirve como un control que no se puede soslayar.
Digo esto porque está de moda hablar de un cambio de sistema, pasar al sistema parlamentario, y con cierta liviandad se habla de los sistemas europeos y de la creación de un tribunal constitucional, cuya sola existencia (de acuerdo por lo menos a cómo funcionan los sistemas parlamentarios europeos) hace que los jueces no tengan el control constitucional, sino que lo tenga un solo tribunal. Esto sería muy peligroso como innovación, somos una sociedad que no está acostumbrada a funcionar con sistemas parlamentarios e imagínense que la existencia de un tribunal constitucional concentraría la decisión sobre los derechos individuales en un puñado de jueces, en lugar de estar en cientos de ellos. Y ustedes saben que cuando hay muchos jueces, es más difícil presionarlos.
Y aquí viene el meollo de la cuestión; yo siempre recuerdo la frase de un canciller de la reina Victoria que después la repitió el maestro Couture, pero en realidad no era de su autoría, decía: “El juez debe ser un caballero, y si sabe derecho, mejor”. Por cierto lo de caballero debemos ubicarlo en el siglo XVIII y principios del XIX. Yo lo cambiaría diciendo que “el juez debe ser independiente y si sabe derecho, mejor”. Porque la mayor o menor ilustración jurídica en la que un juez pueda fundar una decisión, en definitiva es casi un tema secundario. Basta con que tenga fundamento la sentencia, porque al final de cuentas la sentencia es un proceso lógico, exclusivamente lógico, el juez tiene que relacionar los hechos que se le han planteado con el derecho a aplicar, con algún fundamento, que sería beneficioso sobre todo para los abogados porque actualmente, con el “corte y pegue” de la computación uno se encuentra con sentencias extensísimas. También hay alegatos extensísimos, que como jueces responsables debemos leer. Pero en definitiva creo que sería mucho más útil si el juez elaborara su concepto lógico para dictar una decisión, en los fundamentos adecuados.
Esto es muy complicado. La tarea más difícil de un juez, la más desgastante es tomar la decisión. Imagínense nomás un juez penal que tiene que condenar a una persona, graduar la pena, es una decisión realmente pesada. Después, la aplicación del derecho es casi un “juego floral” si ustedes quieren. A esto le agregamos que el juez debe tomar esa decisión desembarazándose de las presiones, las cuales pueden ser de muchos tipos. Pueden ser presiones políticas: hay jueces que por su competencia están sujetos a mayor cantidad de presiones políticas, caso del fuero federal. Pero también puede haber presiones de los medios, o de la propia sociedad que está orientándose a una determinada solución. Un ejemplo clásico es el de la inseguridad, donde siempre tenemos una parte de la sociedad que reclama una pena más dura y otra parte que reclama soluciones de carácter social. Los jueces debemos maniobrar entre esos dos extremos y aplicar la constitución, porque siempre se ha dicho que si el juez es esclavo de la ley, no será esclavo de los seres humanos.
Traigo a colación esto porque se relaciona con el nombramiento de los jueces. Por supuesto todo es imperfecto, pero yo no estoy de acuerdo, en coincidencia con el Dr. Fargosi, con la excesiva valoración de los antecedentes académicos. Igualmente convengamos en que estamos hablando de algo que también es difícil de evaluar en una prueba, ya sea escrita u oral, o en una conversación del aspirante con los representantes del Consejo. ¿Cómo voy a evaluar yo si un juez va a ser o no independiente? ¿Nacen independientes los jueces? ¿Hay jueces valientes y no tan valientes? Por otra parte, como siempre digo haciendo una alusión a la informática, todos salimos de la misma base de datos, los jueces no vienen de Marte, vienen del mismo lugar donde están los abogados, los políticos, los profesionales. Entonces pareciera que no podemos esperar que el juez arriesgue más de lo que cualquier ser humano arriesgaría, sea un periodista, un abogado, etc. Por supuesto que hay gente valiente, pero tampoco quisiera entrar acá en la definición de valentía, quizás pasa un poco por la irresponsabilidad, por las cosas que uno tiene para perder o para no perder. Pero yo creo que en definitiva lo que configura la posibilidad de que un poder judicial actúe de manera independiente es que el sistema sea estricto en el sentido de darle inmunidad a ese juez, que no es lo mismo que impunidad. Pero si el juez no se siente inmune, si no siente que sea cual sea la sentencia que dicte, que perjudique a quien sea, siempre y cuando la sentencia sea ajustada a derecho, no tendrá para él ninguna consecuencia personal, tendrá limitada su independencia.
Esto es lo difícil de estructurar, es decir, no se pueden elegir jueces independientes, los jueces serán independientes por el funcionamiento del sistema, en todos las latitudes, no sólo en la Argentina. No quiero hacer tremendismo, pero han corrido ríos de sangre para conseguir el funcionamiento de los poderes y el control de los poderes. Porque todos sabemos que quien detenta el poder tiende a abusar de él, de manera que quien debe controlarlo necesita contar con la suficiente protección para poder actuar.
Y aquí tenemos cosas que incluso se han llegado a discutir. Yo estoy de acuerdo con que se necesita alguna suerte de selección para evitar que lleguen a la judicatura gente que desconoce las normas, cosa que sucedía en el anterior sistema, pero aun así esto no es lo esencial. Al juez hay que dotarlo de las inmunidades que le dan los tratados internacionales y todas las constituciones democráticas del mundo. Le dan una protección tal porque es una persona común que debe resolver cuestiones que no son comunes. Les doy un ejemplo: procesar en este momento a un funcionario público en actividad, es algo tan poco común que casi no sucede, cuando en realidad es lo que la ciudadanía está esperando que se haga. Quizás por un atavismo del derecho hispano, donde está la rendición de cuentas al final del mandato, es que los jueces esperan eso para someter a juicio a determinado funcionario. Los jueces esperan a que esa persona no tenga poder para entonces ejercer lo que debieron haber ejercido en su momento. ¿Cómo hace una persona común, nombrada juez, que nunca esperaba encontrarse en una situación semejante, para ponerse a procesar a un ministro del ejecutivo, por ejemplo?
La única manera de conseguirlo, salvo que el juez sea realmente una persona diferente al resto de los mortales, es tener inmunidad. Tiene que saber que dicte lo que dicte, y aunque existen sistemas para revisar los fallos equivocados, él no va a tener problemas frente al poder político, o incluso al poder mediático. Hay mecanismos sutiles, no es que solamente aparece algún poderoso del momento protestando contra tal o cual juez. Por ejemplo, leí en los papeles del Dr. Fargosi, que hay 197 pedidos de juicio político a jueces; yo soy uno de ellos. ¿Qué hacen algunos consejeros? Los mantienen sin resolver.
Por otro lado, pónganse en el lugar del juez a medida que se aleja de los grandes centros de poder (Buenos Aires es el mayor, pero también todas las grandes ciudades del país). En estos grandes centros el juez se siente un poco más protegido, puede levantar un teléfono o cruzar la calle para subir, hablar con un superior, con el Presidente de la Corte, con el Colegio de Abogados. Pero piense en un juez federal, digamos en Concordia. Me tocó a mí defenderlo, porque era la época de las “pasteras” y la Cámara de Diputados de Entre Ríos lo intimó por una declaración al juez, a que procesara al gerente de la empresa. Imagínense ese juez en una ciudad donde todo el mundo se conoce, y que me llamaba todos los días (cuando yo era presidente de la Asociación) realmente preocupado por la presión a la que se enfrentaba. Este juez tenía que tomar una decisión independiente y sentía que no contaba con la garantía para hacerlo.
Esto es lo complicado, esto es lo que no se puede estudiar ni en el Senado ni en el Consejo de la Magistratura, y tampoco la honestidad se puede evaluar. Pero el tema también se da porque los jueces “se van haciendo”, a lo largo del tiempo. Yo empecé de muy joven, después de la profesión fui a la política, pero nací en el Poder Judicial. Siempre traté de ser independiente, pero ahora soy mucho más independiente que cuando tenía treinta años. No porque sea más sabio, es que tengo menos cosas que perder. Yo llegué al cargo más alto posible, he ahí otra cuestión que quita independencia, la carrera judicial. En eso muchos jueces no van a estar de acuerdo conmigo, pero también la posibilidad de ascenso es algo que le quita independencia al juez. Porque si el juez de primera instancia sabe que si dicta una sentencia contraria al Poder Ejecutivo, después, mientras dure ese poder ejecutivo no tendrá más oportunidades, va a tener que hacer una opción de más entidad que si no tuviera expectativa de ascenso. En mi caso, que llegué a la Cámara, aunque se enemisten conmigo no voy a sufrir perjuicio en mi carrera. En Inglaterra por ejemplo, no existen jerarquías entre los jueces; es más, como jueces se nombra a los abogados prestigiosos, incluso no ganan los mismos sueldos, sino que se le paga a cada abogado de acuerdo a los últimos cinco años (creo recordar) de las remuneraciones que ha tenido en el ejercicio de su profesión. Esto es, llega a la judicatura sin siquiera hacer un sacrificio económico.
Pero en conclusión, la única manera de tener jueces independientes es con un sistema que funcione, cosa que en esto momentos no ocurre entre nosotros. Gracias.
Intervención del senador Gerardo Morales
En primer lugar agradezco la invitación y digo que me parece oportuno el eje de debate para el que nos convocan, que tiene que ver con los pliegos y el trabajo en el Senado para el otorgamiento de acuerdo. Tiene que ver con esta situación que se ha dado ―como se decía antes― en el Poder Ejecutivo, de una concentración de ternas y la no remisión de la postulación al Senado, teniendo ya un trabajo del Consejo de la Magistratura que lleva ya bastante tiempo. Comparto el parecer que el sistema de selección de jueces a través del Consejo es el mejor sistema, aunque creo que hay que mejorarlo y me parece que se viene trabajando en ese sentido. Creo que se debe seguir avanzando en mejorar siempre el reglamento de selección, sobre lo cual en el Consejo me consta que se está haciendo el esfuerzo.
Hemos tenido épocas buenas y malas, yo soy miembro de la Comisión de Acuerdos desde el año 2001 y recuerdo que del 2003 al 2006 se había dado también una gran concentración de pliegos en el Poder Ejecutivo, y paralelamente, entre el 2004 y el 2005, se había hecho una tarea muy importante del Consejo en cuanto a la cantidad de concursos que habían podido resolver.
En el año 2006 se produce la reforma de la Ley, que da lugar a una mayor participación de la política en la composición del Consejo, cosa que ha suscitado algunos problemas que se han mencionado, y que vemos desde el otro lado, en el Senado, cuando recibimos los trámites de la realización del concurso. Creo que uno de los desafíos que seguimos teniendo es el del anonimato del examen, y todos los cambios en ese sentido me parece que mejoran la calidad del proceso de selección. El tema de los antecedentes, la mayor imparcialidad en la definición de los antecedentes, y después la entrevista: hemos recibido algunos casos donde a veces el puntaje de la entrevista modificó el orden de méritos, y fundamentalmente por imperio de la participación de la política, especialmente en el Consejo de la Magistratura. Creo que hay mucho por hacer, por corregir, pero hay que seguir dando la batalla para mejorar la calidad institucional y mejorar el sistema de funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que es el corazón del sistema. Me parece que la clave está, más que en el Senado que da el punto final, en el Consejo.
Luego está el hecho de que el Poder Ejecutivo no tiene un plazo para la remisión de los pliegos, y así ocurre esto que termina concentrando más de 150 ternas. Nos enviaron 92 después de varios reclamos que hicieron distintas instituciones y representantes nuestros en el Consejo, y tuvimos que trabajar la semana pasada con audiencias públicas de 25 propuestas por día, y eso creo que no es bueno como forma de trabajar para la etapa final de acuerdo. De todos modos, de los 92 pliegos que llegaron se aprobaron 54; los que no tenían ningún tipo de observación fueron aprobados, nos quedan 38 pliegos, han sido retirados tres. Y en el Ejecutivo quedan algo así como 63 ternas enviadas por el Consejo de la Magistratura. Creo que en el Senado hemos hecho un avance cualitativo en cuanto a la modificación del reglamento.
A mí me tocó participar en la Comisión de Reforma del Reglamento cuando asumí en el año 2001, y las modificaciones de los artículos 22, 22 bis y 22 ter del Reglamento, y especialmente el capítulo de la Audiencia Pública, en el artículo 123, que establece un procedimiento mucho más transparente, para que se dé también otra última instancia para realizar impugnaciones. Se da el caso de que a veces nos llegan impugnaciones in voce, o personas que nos van a ver pero que no concretan la impugnación en los términos reglamentarios, es decir con los datos concretos de quien impugna, el fundamento de la impugnación y con los elementos de prueba arrimados. Nuestro reglamento avanzó bastante también en establecer un marco normativo para que no cualquiera pase por el Senado y deje una impugnación, gratuitamente.
Desde ese punto de vista en el Senado se ha avanzado en cuanto a nuestro abordaje de los pliegos. Normalmente si viene bien del Consejo de la Magistratura, nosotros no tenemos objeciones. A veces en la Audiencia Pública se le hacen preguntas en cuanto a cómo está el juzgado del que se va a hacer cargo, si tiene conocimiento de algunos temas actuales de debate, etc. Para los penales por ejemplo, sobre si están de acuerdo con la reforma de la Ley de Lavado, o sobre el tema de trata de personas, o algunas modificaciones del Código Penal, etc. Pero normalmente somos respetuosos del trabajo del Consejo de la Magistratura. Si vienen impugnaciones, como en esta semana, que llegaron algunas de organismos de derechos humanos impugnando algunos propuestos, nosotros resolvimos profundizar allí el estudio. Pero repito, somos muy respetuosos del trabajo del Consejo. Entendemos que el corazón del sistema está en el Consejo de la Magistratura, nosotros completamos este acto complejo que es la designación de jueces, y en muchos casos el Poder Ejecutivo ha tenido que retirar pliegos porque ha habido un planteo de la Comisión de Acuerdos en cuanto a que había que profundizar el estudio. El tema del informe psicofísico sobre los jueces también es muy importante; algún pliego se ha demorado bastante precisamente por esta cuestión. Me parece que el sistema tiende a mejorar.
En relación con la Comisión de Acuerdos, considero que la futura composición del Senado no va a cambiar mucho, aun copiando el resultado del 14 de agosto. Lo que sí puede cambiar para fin de año es la composición de las Comisiones, porque el 10 de diciembre tienen que funcionar las nuevas comisiones. La oposición logró una composición interesante en la Comisión de Acuerdos, con mayoría. No sé si vamos a tener la misma suerte el 10 de diciembre en cuanto a la presencia de miembros de las distintas fuerzas políticas. Sería muy bueno que podamos como oposición mantener una composición mayoritaria, porque eso en muchos casos nos ha permitido ponerle freno a algunas ternas de jueces amigos del poder, que pudimos enterarnos que iban a ser enviadas, de modo que se dejaba de lado al primero de la terna.
También nos vienen reclamos de algunos jueces que saben cómo es el sistema, que saben que es facultad del Ejecutivo elegir de la terna y que a veces están primeros, y cuando el Ejecutivo, que tiene el derecho de hacerlo envía un tercero, no nos queda más que aprobar, si es que el trámite es normal y no hay impugnaciones.
Bueno, así es cómo está funcionando en el Senado el sistema de selección, y reconozco que aunque se está haciendo un gran esfuerzo, hay mucho por mejorar todavía para evitar esto que sucede ahora. Porque de pronto, el Poder Ejecutivo tiene 150 ternas y tiene un tablero de control de todo el país y usa un mayor grado de discrecionalidad en ubicar casilleros. Porque hay algunos concursos múltiples que, si se designa antes a alguien, sube el cuarto o el quinto y entonces se dan ese tipo de situaciones. Me parece también que un plazo para el Ejecutivo ayudaría mucho, además de estos cambios que los miembros del Consejo están considerando.
Moderador Dr. Adrián Ventura
Abrimos el debate para que ustedes formulen preguntas, pero permítanme antes una apreciación tratando de sintetizar los que ustedes dijeron. El Dr. Fragosi nos dice que el Consejo de la Magistratura está funcionando bastante bien, y el Dr. Recondo habla de la independencia de los jueces, que ya es más difícil de lograr. No quiero focalizar en nadie en particular, pero voy a poner un ejemplo para tratar de aclarar bien mi punto.
El Consejo de la Magistratura seleccionó como candidato para una Cámara a un juez de primera instancia, que no tuvo ningún éxito en una investigación donde entró una valija con dinero al país. Pero salió primero en el examen y ascendió a camarista. Entonces una primer pregunta: el Consejo, por más que se tenga un examen brillante y se trate de una excelente persona desde el punto de vista humano ¿no evalúa el desempeño de ese juez de primera instancia en su juzgado? Y el Senado, ¿no tiene nada para decir? A mí me preocupa que después de veinte años tengamos muchos integrantes de un Poder Judicial que no honran la independencia de la justicia. Pero esto no nace solo, acá tenemos un ejemplo concreto: si yo tengo un juez de primera instancia que no ejerció ningún control sobre un acto ilícito, ¿qué puedo esperar de él como camarista? No quiero mencionar el nombre y apellido de este caso porque hay otras situaciones semejantes, no quiero particularizar en él.
-Dr. Fargosi: Tengo miedo de equivocarme en los porcentajes, pero Eugenio Burzaco, que actualmente es jefe de Policía, es autor de un libro muy interesante sobre la criminalidad en la Argentina, en el cual indica que no recuerdo si sólo el 3% ó el 5% de los delitos son esclarecidos y castigados. Si a los jueces ―sobre todo penales, donde hay un resultado de encontrar al culpable o no encontrarlo― se les aplicara un criterio de éxito, creo que no quedaría nadie.
-Dr. Ventura: Entonces sería bueno que no asciendan esos jueces.
-Dr. Fargosi: Bueno, pero hay un problema de policía judicial, hay un problema de organización de la policía. Hagamos un paralelismo entre el side site de Miami y el side site de La Plata, con esa pobre gente que quedó en un costado de la ruta y parecía que todos pasaban por otro camino. El juez depende del imput que da el Ministerio Público, que da la Policía; no está bien juzgar a un juez penal por el resultado de sus condenas.
-Senador Morales: Por cierto que el Senado tiene mucho para hacer; de hecho en los pliegos que enviaron ahora se dio el caso de un fiscal propuesto, que promovió una causa contra un dirigente político de la oposición, a requerimiento de la AFIP, en una causa que fue armada y que terminó con el sobreseimiento de dicho dirigente. Investigando como siempre cuáles han sido las causas más importantes que ha atendido el juez, encontramos eso y lo paramos, hasta establecer si la causa había estado mal manejada o no lo había estado. Incluso en la audiencia le preguntamos sobre la situación; nos dio una repuesta medianamente satisfactoria y eso ha hecho que paralicemos el tratamiento de ese pliego hasta indagar más acabadamente. Si llegamos a establecer que de verdad ha formado parte del armado de una causa por una persecución política, tendríamos la pauta de que tiene línea de teléfono directa con la Casa Rosada y obviamente que no lo vamos a acompañar.
-Dr. Fargosi: No sé Adrián, pero si me equivoco, igual lo uso de excusa para hablar de lo que quiero hablar: creo que ese juez era subrogante.
-Dr. Ventura: No, era Juez Penal Económico, venía ejerciendo el cargo de juez desde hace años.
-Dr. Fargosi: Bueno, yo quería hablar de esto muy rápidamente, porque se relaciona con las vacantes que el Poder Ejecutivo no llena. Acá hay una intención, claro que no podemos demostrarlo, pero obviamente es mucho más fácil presionar a un juez subrogante, que tiene esas expectativas de las que yo hablaba antes, y piensa que si no actúa como quiere el poder político, no lo van a nombrar juez. Esto por supuesto no es una justificación, si es juez tiene que actuar como se lo impone la ley y su conciencia. Pero convengamos en que el ser humano es débil. Entonces si hay algo que debe evitarse es que haya, como lo hubo en algún momento, casi 200 jueces subrogantes, porque no nombrarlos es una manera de manejar al Poder Judicial.
Recuerdo una vez que vino a la Asociación una jueza federal de Estados Unidos, y como teníamos como 200 jueces no nombrados (número que se mantuvo siempre desde que asumió Néstor Kirchner), le pregunté cómo hacían ellos con las vacantes, quién subroga. Me miró extrañada y me dijo: -Subrogamos entre los jueces, lógicamente. Pero ¿cuántas vacantes tienen?, pregunté. Diez, me contestó.
Entonces acá el pecado no está en el juez subrogante, que al sentirse débil quizás no puede actuar en forma independiente, sino que está en dejar 200 vacantes, cosa que encubre algo más que pereza en la designación de jueces; creo que encubre la intención de manejar más eficazmente al Poder Judicial.
-Dr. Ventura: A mí me da la impresión de que estamos encerrados en un problema de tinte político, sin importar que el presidente de turno se llame Cristina Kirchner, Néstor Kirchner, Alfonsín o quien sea. Porque el Consejo de la Magistratura organiza el sistema de nombramientos, pero después el titular del Ejecutivo demora en su calificación definitiva. Lo que no se advierte es que todos los componentes del sistema terminan siendo funcionales a la no independencia del juez. Cada uno explica lo que pasa con el otro, no lo digo por ustedes, pero el sistema está así….
-Dr. Fargosi: Te corrijo una cosa Adrián, y no es propaganda, porque ya pasó mucho tiempo. Vos dijiste de Alfonsín o cualquier otro. Yo fui secretario de Justicia en el gobierno de Alfonsín, y te digo que eran épocas mucho más difíciles que ahora, porque había un golpe de Estado a cada rato. Pero ningún juez de aquel momento puede decir que lo presionamos para nada. Se le daba información, sí, pero no había presión.
-Sin identificar: No es la calidad de los jueces, es difícil o casi imposible de lograr que un juez federal procese a un funcionario público. Un penal económico ahora detiene o ahora está de moda hacer sumarios penales, por ejemplo por contrabando a personas que sacan dinero por el Buquebús, pero no hay ningún procedimiento por lavado de dinero contra funcionario alguno.
-Senador Morales: Te digo amablemente que no acepto la comparación de Alfonsín ni con Cristina ni con Kirchner. Pero me parece que de todos modos hay una mejora con la incorporación del Consejo de la Magistratura en la reforma de 1994; hay un sistema que es imperfecto sin duda, pero prefiero mil veces esto, donde participan más actores que solamente el Ejecutivo que envía la terna y que solamente entren en juego meros acuerdos políticos. No descartamos que también pueda haber de esos acuerdos, pero es mucho más difícil, porque participan, como digo, muchos actores. Hay que mejorar el sistema por cierto, a veces participantes de un concurso han venido a denunciar que alguien se ha copiado, que les habían anticipado el examen y se habían preparado sobre esa base. A veces no podemos determinar tal cosa, aunque nosotros tenemos representantes en el Consejo de la Magistratura. Por eso el tema del anonimato en los exámenes, la imparcialidad en la cuestión de los antecedentes, son objetivos que pienso se están alcanzando.
Se hizo la reforma del 2006 y creo que la mayor participación de la política no ha traído buenos resultados, porque se le dio al partido del gobierno la posibilidad de neutralizar los dos tercios, la mayoría agravada para las decisiones centrales, para los casos de remoción. Me parece que eso es malo, que esos son los aspectos que hay que desandar. Porque así se da esta situación de que en han venido pliegos con gente que estaba en el lugar undécimo y pasaba al tercer lugar, por la entrevista. Eso ocurrió en algunos casos y me parece que tiene que ver con la necesidad de mejorar el funcionamiento en el corazón del sistema, que es el Consejo de la Magistratura. Yo he visto pasar buenas personas, con buenos antecedentes, y algunos no tanto. Y este que hemos parado esta semana, y alguno que hemos querido parar y que no pudimos, y alguno que traían planteos ―en el caso de la Cámara Laboral por ejemplo, donde hubo un caso bastante complejo―.
Pónganse en nuestro lugar: nos llega el concurso, con la calificación, algunos con “portación de apellido”, pero el Reglamento en el 123 nos dice que no podemos permitir impugnaciones que tengan que ver con alguna cuestión discriminatoria. Hay mucho por mejorar, como vos decías hay jueces que tienen miedo, y yo no sé si algunos se van a animar con esta cuestión electoral que se avecina, a malquistarse con este gobierno; porque hay muchos que hacen números. Tal como lo plantea Recondo, la carrera judicial es una restricción a la independencia.
Pero considero que hay que seguir mejorando, hay que ser duros, firmes, en la cuestión del control y eso es competencia del Senado, donde vamos a tratar de hacer lo máximo posible. No vamos a cambiar, así nos metan el 60% de los votos, a nosotros los radicales que venimos del quinto subsuelo de la crisis del 2001, no nos asusta nada. Pero una vez más, yo creo que ha mejorado cualitativamente el sistema desde la reforma del 94.
-Dr. Fargosi: Además hay algo importante que dijo hace un rato el Dr. Recondo, y es que no existe un parámetro que permita determinar quiénes son valientes y quiénes no; eso es un problema estructural, en la medida que el sistema judicial ―por lo menos en los años que yo recuerdo― se ha atrevido ex post, durante la gestión del mandatario, a condenar a cuatro políticos: el concejal Pico, el señor Mazzorín, María Julia Alzogaray y Alderete. El problema no es cómo uno los selecciona a los jueces, porque es muy difícil saberlo; el problema son las garantías, hasta sociales; el eco que puede tener no solamente en el Consejo de la Magistratura sino en la sociedad, en los medios, en la comunidad jurídica. Es un tema de gran complejidad.
-Dr. Ventura: Cierto, se requiere también que la sociedad responda. Senador Morales, Dr. Recondo, Dr. Fargosi, muchas gracias.
Panel Sociedad Civil
Apertura a cargo del Dr. Marcelo De Jesús, presidente de FORES
Tenemos aquí a Hugo Wortman Jofré, presidente de Poder Ciudadano y a Alberto Bianchi, constitucionalista,. Hablaremos los tres sobre el papel que juega la sociedad civil en este asunto tan complejo como lo es la designación de jueces.
Intervención del Dr. Hugo Wortman Jofré
Buenas noches a todos. Trataré de transmitirles cómo ve el ciudadano común el asunto de la transparencia en la designación de los jueces. Nosotros en Poder Ciudadano tenemos una oficina (Poder Ciudadano es el capítulo argentino de Transparency International) en la cual recibimos denuncias de corrupción. Mi objetivo ahora es explicarles la percepción que tiene el ciudadano común de la corrupción en el sistema judicial, y de qué manera esto afecta su vida cotidiana y cómo un sistema de selección podría ayudar. Muchas de estas cosas fueron abordadas en el panel anterior, pero creo que algunos ejemplos nos ayudarán a reflexionar sobre qué cosas podríamos hacer si trabajamos mancomunadamente, la sociedad civil y los organismos estatales responsables de la selección de los jueces.
Por supuesto todo lo que estamos considerando se refiere al sistema nacional de selección de jueces. Yo les voy a referir un caso que tuvimos en Poder Ciudadano hace unos años, demostrativo de cómo afectan la vida de miles de ciudadanos argentinos otros Consejos de la Magistratura, provinciales, y cómo esos sistemas de selección muchas veces copian y reproducen los malos ejemplos de Buenos Aires. Hace aproximadamente cuatro años nos tocó intervenir ante una denuncia de una fiscal de San Luis, quien planteaba que a los jueces que eran promovidos al cargo inmediatamente superior, se les hacía firmar por anticipado la renuncia, sin fecha. Eran premiados con la designación, pero al mismo tiempo firmaban en blanco la renuncia. Ustedes se dan cuenta de la gravedad que esto tiene para la independencia del Poder Judicial de esa provincia ―en este caso eran jueces en lo penal― y la inseguridad que trae a cualquier ciudadano que el día de mañana tuviera que comparecer ante ese tribunal. Aunque, como digo, se trataba del fuero penal, suponemos que esto era moneda corriente en toda selección de jueces en esa provincia. Era paradójico que a dichos jueces se los citaba a un ministerio denominado Ministerio de la Legalidad, donde se perpetraba este acto supremo de ilegalidad.
Por eso, cuando escucho acá los problemas que nos afectan a los porteños y al sistema nacional de selección, pienso en la situación tan desfavorable en que están las provincias, donde gravita mucho el feudalismo y donde hay total impunidad sobre estos manejos de designación de jueces.
¿Qué pudimos hacer en cuanto a dicha situación desde la sociedad civil? Simplemente hicimos una denuncia que llegó a manos del Procurador General de la Nación, quien lo giró a la justicia federal de San Luis, y ahí está perdido desde hace 3 ó 4 años. Llegó a la Casación hace poco, hubo un auto de mérito respecto a los dos ministros de la Legalidad y al subsecretario de Justicia de la Provincia, donde se rechazaron los planteos, de modo que ese proceso no avanza. Por eso digo que si mancomunadamente desde la sociedad civil y desde organismos como el Colegio de Abogados de la Ciudad, diéramos atención a esos problemas, mejoraríamos sensiblemente la calidad de vida de muchos ciudadanos que habitan esos feudos, donde todo es posible y todo queda impune.
Para abordar ya el tema por el cual nos convocó el Dr. Aguirre Saravia, h ay que reconocer que el poder político suele, desde hace mucho tiempo, manipular la designación de losjueces demorándolas o acelerándolas de acuerdo a su conveniencia. Cabe remontarnos al caso Marbury vs. Madison en Estados Unidos, cuando el Presidente Adams saliente designó la cantidad de 42 magistrados y uno de ellos, Marbury, que no pudo ocupar su cargo, reclamó su designación a la nueva administración de Jefferson, lo cual dio lugar a este precedente tan conocido en materia de derecho constitucional. Esto es un ejemplo de cómo, desde hace ya dos siglos, el poder político viene aprovechando los cambios de gobierno para designar magistrados de manera oportunista.
En la Argentina esos abusos no se dan tan abiertamente. Quiero ser lo más objetivo posible, Poder Ciudadano lucha contra la corrupción a nivel local, pero es apolítica y por ende nunca partidaria. Desde esa posición quiero señalar algunas cosas buenas que se hicieron durante este gobierno; por ejemplo el Decreto 222 es un logro mancomunado de la sociedad con el poder político. Me parece que transparentar el sistema de selección de los jueces de la Corte nos garantiza por lo menos que en el máximo tribunal el ciudadano tenga una injerencia a la hora de opinar y evaluar los antecedentes de los responsables últimos del Poder Judicial de la Nación, por eso creo que es un paso adelante.
Pero me parece que con posterioridad han ocurrido cosas no tan buenas. Hay un reporte que hizo la consejera Marcela Rodríguez en el año 2009, donde repasó las mismas deficiencias en el sistema que vemos hoy día, como ser el problema de las subrogancias que tocó el Dr. Recondo en el panel anterior y que es un asunto clave. Ya la Corte en el caso Rosas fijó un límite de un año, después vino la Ley 26376 que delegó en las Cámaras esa facultad de designar a jueces subrogantes, pero lo concreto es que hoy las listas de conjueces que establecía esa Ley no están integradas.
Así es como tenemos casos, y voy nuevamente a ejemplos, como el de tres jueces federales en el fuero penal de Capital, que están siendo jueces subrogantes de otros juzgados. Ello determina que el ciudadano común, cuando va a hacer una denuncia, si ese magistrado entra en el sorteo por ser titular del juzgado y además por estar subrogando, tiene un 66 por ciento de posibilidades de ser designado como juez de la causa. Porque se arman conjuntos de tres magistrados para ser sorteados por cada período. Esto hace que las subrogancias terminen de alguna manera fomentando el forum shopping. Si yo quiero tener determinado juez, porque me beneficia, voy el día en que está de turno y sé que me asiste el 66 por ciento de posibilidades de que ese juez será el nominado. Sobre esto tuvimos una reunión el Colegio de Abogados y Poder Ciudadano con el Presidente de la Cámara Federal, en la que le manifestamos nuestro interés de que realmente se integraran las listas de conjueces en las cámaras y que se terminara con la designación de jueces subrogantes. Por supuesto que era mucho más grave antes del fallo Rosas de la Corte, cuando eran nombrados secretarios, es decir funcionarios que no tenían siquiera acuerdo del Senado.
Pero ahora tenemos este sistema, que es perfectible, y aprovechando que hay aquí presentes integrantes del Consejo, dejo la inquietud de que se promueva que las cámaras integren las listas de conjueces, porque eso va a despejar las sospechas del ciudadano común de que el forum shopping sigue existiendo en la Argentina. Y me refiero a esto en particular, porque las noticias se hicieron eco de que para el caso del fraude a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, se designó a un juez específico, con nombre y apellido.
Entiendo que la premura que evidencia el Poder Ejecutivo en designar jueces en la cantidad en que lo viene haciendo en los últimos días, obedece al interés de manejar y definir quiénes serán los magistrados que, en caso de que haya cambio de composición de las legislaturas, deban devolver los favores que han recibido. Me parece que hay que decir esto con todas las letras, la gente lo percibe así, y si uno analiza cronológicamente cuándo se produce la gran avalancha de designaciones, encuentra ―en el mencionado informe de la Dra. Rodríguez― que en mayo de 2009 se produjo la primera avalancha de envío de pliegos desde el Poder Ejecutivo al Senado. Porque se pensaba que en diciembre de 2010 había cambio de gobierno, y ahora, antes de octubre ocurre lo mismo, ante la percepción de que en las elecciones puede haber algún cambio.
Este hecho es una realidad en la Argentina y en todos los países del mundo, desde el caso Marbury vs. Madison. La solución se bosquejó aquí en la Mesa y sería la fijación mediante ley, de un plazo dentro del cual el Poder Ejecutivo, una vez que reciba las ternas del Consejo de la Magistratura, tenga que remitirlas al Senado con sus propuestas. Esta es otra llave, pero no sé qué podría hacerse desde la sociedad civil más que denunciarlo. Por eso es importante que los legisladores lo tengan claro y hasta el Consejo de la Magistratura podría promover el dictado de alguna ley en este sentido.
Otra situación es que al tener gran cantidad de ternas no definidas, se le abre la oportunidad al Ejecutivo de ir haciendo ascender a los candidatos en quienes menos interés tiene, para ocupar la terna con otro candidato que sí le interesa. Y otra cosa que se ve desde la sociedad civil ―recibimos muchas denuncias en tal sentido― es que en un grupo de pliegos tan numeroso como el que se está tratando ahora, pasan inadvertidos aquellos magistrados en los cuales el gobierno tiene especial interés, porque hay muchos que son inobjetables y que van a ocupar posiciones casi inocuas en la estructura del Poder Judicial. Sin embargo el Ejecutivo selecciona a cuatro o cinco respecto de quienes sí tiene particular interés. Si se los designara aisladamente, podría darse un gran nivel de impugnación para ellos, pero en el conjunto pasan más fácilmente.
A modo de repaso de las tareas que deberíamos hacer desde la sociedad civil, mancomunados con todos los operadores del sistema judicial, digo primero que el sistema de selección requiere algunas correcciones. Las denuncias de casos de corrupción que ha habido entre los jurados y algunos candidatos demuestran que ese sistema de selección es perfectible. Todo lo que tenga que ver con un grupo de jurado, que fije de manera aleatoria un examen, y que ese examen sea de conocimiento exclusivo de ese jurado, frente a un sistema de oposición que no le permite al concursante contar con bibliografía, ni contar con Internet, ni contar con una computadora personal, todo esto hace que la relación sea simétrica: aquel que tiene la potestad de seleccionar tiene la potestad de dar. Los ejemplos que se han visto de los concursos ocurridos, en Paraná por ejemplo, o el famoso 140, evidencian que hay en ese espacio un tráfico de influencias, por amistad o por lo que fuera, que incluso motiva la actuación de la justicia. Me parece que terminamos con eso si establecemos un sistema similar al de la Facultad, donde a la hora de concursar por los cargos docentes se hace una lista de temas unos días antes, se le permite apertura absoluta al concursante de todo el material, bibliográfico y de Internet. En definitiva, que el magistrado sea evaluado haciendo lo que va a hacer toda su vida, porque cuando va a dictar sentencia cuenta con todo el material, cuenta con el asesoramiento de los secretarios, etc. Por eso me parece que la mejor manera de evaluar su futura actuación, es permitiéndole hacer lo que hará el resto de su vida tribunalicia. ¿Por qué establecer este sistema casi similar al colegio secundario, con temas secretos? Cuando uno va a concursar en la Facultad se pegan los temas 48 horas antes y uno elige el tema que quiere dar. Terminamos con el oscurantismo si hacemos más abierto el sistema de oposición.
Segundo, el plazo legal al Poder Ejecutivo para que mande las ternas. No puede ser que el Ejecutivo las retenga un año y medio y que las mande de pronto en avalancha cuando estén las elecciones por delante. Tercero, otro tema esencial, terminar con las subrogancias, más allá de los plazos fijados por la Corte en el caso mencionado y también integrar las listas de conjueces, conforme lo mandan los artículos 1 y 3 de la Ley 26376.
También es muy importante que el Poder Ejecutivo esté obligado a cumplir con las designaciones dentro de las ternas, es decir, que las ternas sean vinculantes, conforme lo establece el artículo 99 inciso 4 de la Constitución.
Por eso es importante que establezcamos espacios como este, para trabajar de forma mancomunada. Muchas gracias.
Intervención del Dr. Alberto Bianchi
Buenas noches, muchas gracias a las autoridades del Colegio por esta invitación, me siento muy honrado. En realidad yo vengo a hablar de la Constitución Nacional, y a ella se han referido todos en esta tarde, de modo que por momentos no sé muy bien cuál es la parte estrictamente constitucional de esta Jornada.
Creo que la designación de los jueces es probablemente el más difícil de todos los dilemas constitucionales. Digo esto porque el primer dilema de la Constitución es que se cumpla. Nada es peor para un sistema jurídico que ese sistema no se cumpla, y de todos los estratos del ordenamiento jurídico, el más expuesto a no cumplirse es, curiosamente, la constitución. Ello por muchas razones: porque dice cosas vagas y genéricas que pueden ser interpretadas de diferentes maneras, y además porque es la que más obligaciones impone. Finalmente cumplir con la separación de poderes, con que los jueces sean independientes, que se respete el derecho de propiedad y la libertad de expresión, molesta a mucha gente.
Este es el primer problema, el segundo es que la designación del juez es una de las cuestiones más difíciles del sistema. Nuestro país, como la mayoría de los países del mundo, tiene tres poderes. Para el Ejecutivo y para el Legislativo en realidad no elegimos al mejor, elegimos al que más votos obtiene. Una verdad rousseauneana es que el elegido es el mejor; no sabemos si es el mejor, sabemos que tuvo más votos. Ahora bien, ¿cuál es el mejor juez? Es el juez honrado, el juez trabajador, el juez independiente, el juez que sabe derecho, es a la vez un caballero. ¿Cómo medimos todas esas cosas? De todas esas características, la única que es más o menos medible ―coincido con el Dr. Fargosi― es que sepa derecho. Así que los exámenes para saber cuáles son los mejores jueces son exámenes de derecho. Pero ahí hay una pequeña trampa en el sistema, porque no estamos eligiendo profesores de derecho, estamos eligiendo jueces. Entonces subsisten las otras preguntas: ¿cómo sabemos que será un juez trabajador, que es honesto, que es independiente? No lo sabemos. Finalmente entonces, todo sistema de elección de los jueces es un acto de fe. Este es el gran drama de nuestro sistema: elegimos a alguien que tiene un buen currículum, que se viste medianamente bien, que tiene presencia agradable, que parece que va a hacer las cosas bien, pero después nos encontramos con sorpresas impresionantes. Profesores universitarios que vienen y llegan a la más alta magistratura, con todos los pergaminos que nos podamos imaginar y luego nos encontramos con que… en fin, todos ustedes se imaginan de qué hablo. Parecía el mejor juez, alguien de principios, lleno de buenas ideas, lleno de buenos propósitos.
Entonces ¿cuál es el rol de la Constitución en todo esto? Yo creo que hay dos claves: primero, tener la voluntad firme de que eso funcione, y luego tener un control proveniente no solo de los poderes políticos, sino también de la propia sociedad. Les voy a dar tres ejemplos que muestra cómo este necesario control está muy debilitado en la sociedad argentina. Primero ejemplo el caso Sosa; todos sabemos que era el Procurador ante la Corte de la Provincia de Santa Cruz; fue destituido, inició un juicio, lo ganó, y debe haber tres o cuatro sentencias de la Corte que ordenan su reincorporación. ¿Ustedes recuerdan que Sosa haya sido reincorporado? No fue reincorporado. Fíjense que le hubiera sido muy fácil al gobierno de Santa Cruz cumplir con ese fallo de la Corte: lo reincorporaban y al día siguiente le quitaban el escritorio, la computadora, no le renovaban el contrato de alquiler de la casa que habitaba, y Sosa iba a tener que renunciar. Sin embargo, el Poder Ejecutivo de la provincia ―por supuesto con el aval del Ejecutivo Nacional― directamente desoyó un fallo de la Corte. Es una de las peores cosas que pueden ocurrir en una república, desoyeron abiertamente el fallo. Sin embargo, la sociedad civil acaba de aprobar a este gobierno con el 50 por ciento de los votos, se ve que ese día nadie estaba pensando en el caso Sosa.
Segundo ejemplo: el propio Poder Ejecutivo dictó el Decreto 222 del 2003, por el cual se autolimitó para los requisitos del nombramiento del presidente de la Corte. El Ejecutivo desoyó su propio decreto, en el cual se había fijado a sí mismo un plazo para designar a los jueces de la Corte, que nunca cumplió.
El tercer ejemplo es algo que ya se ha mencionado acá. El Poder Ejecutivo acumula las ternas que le eleva el Consejo de la Magistratura, y por ende acumula también los jueces subrogantes, y un buen día, cuando alguna tormenta política amenaza, manda todo en bloque al Senado, y por supuesto lo abarrota, y ocurre lo que contaba recién el senador Morales con elocuencia: “No podemos cumplir bien con nuestra tarea”. No tiene la culpa el Consejo de la Magistratura, que hizo su trabajo, evaluó a los jueces, envió todo al Ejecutivo y éste no tiene un plazo. Estoy de acuerdo con que debe establecerse un plazo, pero además tiene que haber una consecuencia por el eventual incumplimiento de ese plazo: debería perder el Ejecutivo competencia y debería el propio Consejo de la Magistratura elegir de entre esa terna y mandar el nombre directamente al Senado.
Otra cosa que me llama la atención es que en el propio inciso 4 del artículo 99 de la Constitución hay una gran diferencia entre la designación de los jueces de la Corte y los jueces de los tribunales inferiores. Resulta que a los jueces más importantes de la República no los selecciona previamente el Consejo de la Magistratura. Esto es una contradicción: si creemos en la existencia del Consejo como algo positivo, éste debería por lo menos seleccionar y ofrecer una terna, o cinco nombres, o algo así. Sin embargo en esto el Ejecutivo tiene total libertad, y ahí es donde creo que recobra mucha importancia el acuerdo del Senado, que en realidad está hoy un poco más limitado, en vista de la tarea que le cabe al Consejo de la Magistratura.
En la constitución anterior al 94, el acuerdo del Senado era muy importante porque debía hacer (no la hacía) buena parte de la tarea que hace hoy el Consejo: examinar al juez, hacerle un examen psicofísico, tomarle un examen de derecho, y presentar la terna al Poder Ejecutivo, que elige a uno de los tres. Luego, el acuerdo del Senado es una mera conformidad política, pero no está evaluando al juez en su idoneidad, etc., está haciendo una evaluación estrictamente política.
En cambio, en la evaluación que hace el Senado de los jueces de la Corte ―donde no hay intervención del Consejo de la Magistratura―, sí esa ponderación del Senado es esencial. El escrutinio del Senado en este caso tiene que ser mucho más profundo. Y no nos debemos olvidar que la elección de los jueces de la Corte Suprema es algo esencial para el Poder Ejecutivo, que nunca va a elegir a sus enemigos, lo cual no está mal. La Constitución no lo obliga, en aras de la división de poderes, a elegir a sus opositores. En ningún sistema del mundo vamos a encontrar que ocurra eso. En general, tomemos el ejemplo de los Estados Unidos, los presidentes tratan de poner allí a sus amigos. Pero eso no malo en sí mismo, lo malo es poner a amigos impresentables, aquellos que van a hacer lo que el Poder Ejecutivo les mande, sea lo que sea.
Por último, me parece que el problema no está en las normas estrictamente; está en las conductas, y sobre todo en la actitud de la sociedad civil ante las conductas. En la Argentina vivimos la fiesta de la soja, y tantas otras fiestas. Es como cuando el río tiene mucho agua: todos hacemos esquí acuático, nos bañamos, navegamos; pero cuando el río baja… En la fiesta de la soja todo esto no se ve, pero los problemas profundos existen. Que un Poder Ejecutivo desoiga tres fallos de la Corte es gravísimo, y sin embargo acaba de obtener una aprobación enorme de la sociedad civil. Pertenezco a esa sociedad civil y estas actitudes me preocupan.
El problema no está en la Constitución, tenemos la constitución más hermosa del mundo, además creo que le hemos ganado a la India cuya constitución era la más larga del mundo. Si sumamos todos los pactos internacionales somos el pueblo más protegido del mundo, debemos contar con unos 600 artículos. De modo que en la Argentina no debería existir la marginalidad, no deberían existir ninguno de los males que nos aquejan todos los días. No está el problema en nuestra Constitución, los norteamericanos tienen una constitución más pobretona que la nuestra y sin embargo son un país mucho más importante y trascendente. Como constitucionalista creo, lo repito, que el problema está en las conductas y en el control de la sociedad civil.
Intervención del Dr. Marcelo De Jesús
Me sumo a los agradecimientos al Colegio de Abogados por la invitación, y además por la elección del tema, que me parece muy importante desde lo institucional. En mi caso, lo que me gustaría explicarles es qué significa o qué implica un nombramiento masivo de jueces, fiscales y defensores públicos, desde el punto de vista de la sociedad civil.
Ante todo tenemos un serio problema en el servicio de justicia, que es la gran cantidad de vacancias que hay en el sistema judicial, que supera el 20 por ciento en lo que tiene ver con jueces federales, aparte de fiscales y defensores. Esto representa aproximadamente 190 vacantes. De ese total, según la última información que tengo disponible, hay 153 concursos terminados en el Consejo de la Magistratura, algunos de ellos desde el año 2009 y todavía seguimos con las vacantes sin cubrir. De modo que acá tenemos un problema institucional muy serio.
Desde otro punto de vista, la sociedad globalmente y la sociedad argentina en particular, ha ido avanzando en tres grandes pilares que son: por un lado la transparencia (nosotros hemos suscripto una Convención Interamericana contra la corrupción, sin perjuicio de otras). También tenemos un proceso global que tiende a una mayor participación de la sociedad civil, estableciendo organismos que aseguren esa participación. Y tenemos una tercera columna, que es el acceso a la información.
Ahora bien, todo esto, acceso a la información, sociedad civil, transparencia, requiere una oportunidad concreta, real, de que se pueda ejercer. Ya hemos mencionado los decretos 222 y 588 por los cuales el Ejecutivo establece algunas pautas para la designación de jueces y demás funcionarios del servicio de justicia. Tenemos el decreto de Acceso a la Información; el Senado de la Nación también modificó su reglamento de manera de permitir esta mayor participación de la sociedad civil.
Como se decía antes, encontramos que de golpe se han presentado al Senado 92 pliegos para su consideración. ¿Cómo ha encauzado la Cámara alta este masivo nombramiento? Ha dispuesto cinco días de audiencia, y en algunas de estas audiencias se tratan hasta 25 pliegos durante cinco horas, aproximadamente 12 ó 13 minutos por candidato. Vemos así que la solución que se ha buscado para un problema institucional que existía, se ha convertido ella misma en parte del problema. Eso porque hemos tratado de ir corriendo a solucionar la urgencia impuesta. Hay una sustancial diferencia entre ser rápido y ser atolondrado. Una cosa es considerar como grave que tengamos un alto número de juzgados vacantes, y otra es que los tratemos llenar de cualquier forma y apresuradamente.
Me parece que existe un problema de fines, un problema de medios y un problema de soluciones, es evidente que a largo plazo vamos a sufrir consecuencias. Porque los jueces se van a quedar en sus funciones para toda la vida. A esto no podemos controlarlo a la ligera, y no podemos hacer como que nominalmente permitimos la participación de la sociedad civil, nominalmente permitimos el acceso a la información, cuando en la realidad, con este mecanismo adoptado, eso va a ser imposible.
¿Qué es lo que FORES controla con los mecanismos de selección? Desde que se permitió mediante los decretos del Poder Ejecutivo, hacemos un seguimiento de los jueces de la Corte y de los jueces de primera instancia. Procuramos hacer una tarea de control que con este sistema es virtualmente imposible. Controlamos básicamente tres grandes campos: por un lado establecemos índices objetivos, que ya les explicaré; elaboramos una serie de cuestionarios, que proponemos al Senado, y controlamos el desenvolvimiento de las audiencias.
Por un lado está qué se debería controlar, y por otro qué se controla realmente.
[Comienza a señalar filminas]
Acá, a propósito, no quise poner números de algún candidato en especial para evitar cualquier tipo de suspicacias, pero sí explico cómo son las tasas que elaboramos. Esta es una parte de nuestros índices, establecemos distintas tasas. En muchos de los casos son jueces subrogantes, o jueces que han estado en primera instancia, así que podemos utilizar las estadísticas del Poder Judicial de la Nación y establecemos un promedio.
Por ejemplo la tasa de demora, es la cantidad de años que necesitaría un juez para resolver todas las causas que tiene en su juzgado, suponiendo que no entren nuevas. Tengo 10 000 causas, resuelvo 1 000 causas por año, necesito 10 años.
Entonces sacamos el promedio del fuero, y establecemos qué trabajo ha hecho el juzgado en el cual este candidato se ha venido desempeñando. Así tenemos una doble comparación: por un lado contra el promedio general y por otro lado, históricamente, si ha ido mejorando o ha ido empeorando. En función de eso hacemos nuestra recomendación.
La tasa de resolución muestra cuántas causas entran y cuántas salen, por decisión del magistrado. Cuando la proporción es 1 significa que el juzgado resuelve tantas causas como las que entran. Si es menor a 1, significa que se van acumulando causas, mientras que si la tasa es mayor a 1 significa que el magistrado está resolviendo más expedientes que los que entran, y que se está poniendo al día.
En materia penal tenemos la tasa de prescripción, que es muy importante. ¿Cuántas causas concluyen por prescripción? En materia penal la responsabilidad del magistrado es muy importante. Lo mismo la tasa de archivo, que denota cuántos expedientes concluyen sin una investigación. Cuantos más archivos tengamos, estamos resolviendo menos causas penales. Hace un rato se mencionaba que los casos resueltos eran del 5 por ciento; los números que tenemos en FORES arrojan el 3 por ciento. Depende también de los índices que uno tome, pero son las estadísticas del Ministerio de Justicia.
Tenemos otras estadísticas: la atención al público, nosotros anualmente damos un premio a la excelencia de la justicia y ahí hacemos un seguimiento muy marcado de este aspecto y de lo que es la eficiencia. En los casos en que se presenta algún candidato, contamos con esos números que hemos ido elaborando con tiempo.
Esta fue la primera parte, los índices objetivos. En cuanto a los subjetivos están: ¿qué aptitudes tenemos que controlar para nombrar un juez? Es obvio que todas estas preguntas [señala] que nosotros formulamos, están presuponiendo una idea sobre qué cualidades debe tener alguien para ser juez.
Primero, idoneidad técnica. ¿Qué implica eso para un juez? Nosotros decimos que es la aptitud para decidir los casos concretos. Y como se ha manifestado en la Mesa, no se trata de elegir académicos, o profesores, sino de elegir buenos jueces. En otras palabras, la manera de evaluarlos no pasa solamente por ver cuántas veces es profesor en una o varias facultades de derecho. Eso puede ser un elemento indiferente. De la misma manera que a un abogado, el hecho de serlo no lo convierte en un buen profesor de derecho, el que alguien sea un buen profesor no lo convierte, por eso solo, en un buen juez.
Segundo, idoneidad ética. Existen varias preguntas, con las cuales nosotros proponemos al Senado. Investigamos también la calidad crediticia de los candidatos, en algunos casos hemos cuestionado y hemos solicitado explicaciones a jueces que tienen abultadas deudas, porque pudieran llegar a ser personas muy condicionadas.
Tercero, capacidad de gestión. Los jueces están dentro de una empresa ―en el mejor sentido de la palabra― de servicio público. Eso significa el manejo de recursos humanos, manejo de procesos de gestión, manejo del tiempo. Hacemos preguntas, por ejemplo, en cuanto a cómo es la delegación de funciones. Ustedes saben que muchos jueces no toman las audiencias tal como lo exigen los códigos. Vemos si delegan el ejercicio de la función jurisdiccional en algún tipo de decisiones, más allá de si las firman o no. ¿Qué obstáculos van a encontrar en el uso de su tiempo cuando tienen que enseñar? El Dr. Fargosi mencionaba la pregunta del juez norteamericano: ¿Qué es lo que sacrifica, la docencia o la magistratura?
También hacemos otro tipo de preguntas, pero lo que ahí proponemos es un sistema obligatorio dentro de la Escuela Judicial que enseñe estas habilidades. Porque es cierto que en la Facultad no las aprendemos, y es injusto que el juez tenga que aprenderlas con la gente. Creo que debemos darles las armas a los jueces y a los demás funcionarios, para que ejerciten estas habilidades correctamente, porque es un servicio público.
También hemos propuesto el asunto de exámenes psicológicos, porque la parte física no tiene por qué ser un impedimento. Lo que no queremos es una persona permeable a las presiones. Estos exámenes permiten establecer si el perfil es el de alguien con cierta firmeza de carácter, con cierta independencia, que no es maleable o influenciable.
El tercer nivel de control que hacemos es ir a las audiencias y ver el desenvolvimiento en las mismas. ¿Cuántas preguntas hacen los senadores? ¿Cuántos senadores están presentes? Hoy comentábamos acerca de una Comisión de 15 senadores de los cuales había solamente 4 en la audiencia. Si estamos diciendo que este es un tema importante, los hechos no se corresponden con las afirmaciones.
Estamos controlando además el tipo de preguntas, por ejemplo se ha preguntado: “¿Conoce usted la competencia territorial en la cual va a ejercer?” Me deja perplejo esta pregunta, que por otra parte se la hicieron a todos. Segunda pregunta de rutina: “¿Quiere actualizar su currículum?” Algunos han dicho que han hecho tal o cual curso más, que están de profesores en tal lugar, que han publicado algún libro más. Entonces, en un caso le dicen: -¡Qué bien, acá usted manifiesta su interés en el derecho a la integración, ¿qué tema le interesa al respecto? -Me interesaba en ese momento, pero ahora no, por lo tanto no voy a exponer sobre ninguno de esos temas -responde.
A estas notas me las terminan de pasar, van a salir en las versiones taquigráficas, es algo de estos días. Es verdad que algunos senadores preguntan cosas interesantes, por ejemplo si están dispuestos a hacer pública sus declaraciones de ganancias. Me hubiese gustado que el senador Morales estuviera acá, para comentar un poquito más el desempeño, porque una cosa es decir que vamos a controlar, pero cuando vemos cómo se controla nos quedamos preocupados.
Por más que digamos que es importante, y que nos preocupa la manipulación política y demás, los hechos nos demuestran que ese pretendido control es ineficaz, es pura teoría.
Nosotros tenemos varios problemas, uno es el institucional. Desde nuestra percepción, ninguno de los poderes que está involucrado acá se ve como parte del sistema judicial; sistema judicial que es la designación de magistrados. El Ejecutivo acumula y acumula, y un buen día lanza el torrente de pliegos. El Senado lo toma de la misma manera, porque podría haber dispuesto 50 sesiones, o tantas como fueran necesarias para realmente controlar. Nosotros hemos pedido una ampliación de plazo a la cual ni siquiera nos contestaron que no. Porque es evidente que con todo este trabajo que hacemos en FORES, no digo que sea de lo mejor, pero es imposible controlar nada en forma cierta, en forma definitiva, en forma profunda. Entonces no nos explicamos cómo lo pudo haber hecho el Senado.
Acá evidentemente hay un problema de coordinación, y no quiero excluir al Poder Judicial mismo, porque aunque la Corte Suprema ha manifestado reiteradamente su preocupación por las vacancias, me parece que también debió decir algo sobre la forma en que estas vacancias deberían llenarse. Repito, no se pueden llenar 92 vacancias todas juntas, porque se torna incontrolable.
Finalmente, y para no terminar en tono tan negativo, ésta tiene que ser una oportunidad para que la próxima vez todas las instituciones, empezando por el Poder Ejecutivo, continuando por el Senado y finalizando por la Corte Suprema, todos reclamen una forma de trabajo distinta, acorde a la importancia que le asignamos al tema. Mientras tanto unos se aprovechan del sistema, otros lo critican, pero los hechos muestran en definitiva que a nadie le está importando.
Queremos agradecer nuevamente al Colegio y a todos ustedes aquí presentes, hemos analizado un problema central para nuestras instituciones. Gracias. |
